Fiscal sobre caso los hijos del cóndor: «Se habría afectado las expectativas de la población y ocasionado daño patrimonial»
El Fiscal Provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, Arturo Valencia Paiva, manifestó que la presunta organización criminal liderada por el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, conforme a la hipótesis que se maneja habría ocasionado una afectación en las expectativas de la población, y adicionalmente un daño patrimonial.
“Dentro de los delitos de corrupción de funcionarios, tenemos un bien jurídico protegido general que es la buena marcha de la administración pública, el deber de ser imparciales, transparentes, no solo con los recursos públicos, también con los intereses, las expectativas de toda la población en creer que nuestras autoridades son correctas. Si hablamos en cuanto a patrimonio, respecto a los terrenos de Majes, la valorización es alta”, afirmó.
Manifestó que el caso denominado Los Hijos del Cóndor, que involucra al gobernador, funcionarios, consejeros, dirigentes y otros, es complejo por la cantidad de investigados y las diligencias que deberán realizarse, como verificación de documentación, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria, entre otros actos; de ahí el pedido de 36 meses de prisión preventiva para los investigados.
Igualmente, el magistrado informó que en los siguientes días se adoptarán las medidas necesarias para que todos los consejeros regionales investigados puedan atenerse al proceso; en el caso de los no habidos y con orden de captura por detención preliminar se solicitará una medida más gravosa.
Refirió que las principales dificultades afrontadas durante la investigación que inició el 2019, fueron las limitaciones por el COVID-19. Posteriormente cuando ocurrió la detención preliminar contaron con el apoyo de las fiscales penales, dispuesto por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Santiago Irigoyen Díaz, en coordinación con la fiscal superior María del Rosario Lozada Sotomayor, fiscal coordinadora de las fiscalías penales y mixtas.
Según las investigaciones el gobernador regional habría captado a algunos consejeros regionales, ofreciéndoles la entrega y administración de obras, beneficios económicos y laborales, así como parcelas y terrenos del estado, para que no fiscalicen su gestión, y no admitan a trámite los pedidos de interpelación.
Para la entrega de terrenos coordinaban con dirigentes de la “Asociación Agroindustrial Pampas Bayas”, “Asociación de Productores Sol Radiante de Majes” y “Asociación Cuatro de Diciembre de Caravelí”, por intermedio de testaferros que representarían a los consejeros regionales “captados”, y a funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa.
Redacción RSM
