Capacidad sancionadora de la Contraloría en riesgo
El 26 de julio del 2021, el Poder Ejecutivo, liderado por Francisco Sagasti, a 2 días de terminar su mandato, presentó al TC una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 31288, que había restituido la capacidad sancionadora de la Contraloría General, estableciendo 32 infracciones administrativas para sancionar, con efectividad, a los malos funcionarios y servidores públicos.
Este proceso de inconstitucionalidad que, de ser aprobado, supondrá un retroceso en el trabajo de instituciones y la sociedad en su conjunto por enfrentar a la corrupción, ya que mandaría al archivo todas las responsabilidades identificadas por la Contraloría General desde la vigencia de la ley.
Este jueves 24 de agosto, el Tribunal Constitucional escuchará a las partes referente a la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley N° 31288, que aplica sanciones firmes para los casos de corrupción e inconducta funcional en las entidades públicas, mediante la capacidad sancionadora a cargo de la Contraloría General de la República. La audiencia se realizará en Arequipa.
Desde la Contraloría consideran que lograr la impunidad es el objetivo primordial de la corrupción, puesto que la pretensión de la inconstitucionalidad favorece a los malos funcionarios y servidores públicos, socavando la legitimidad del Estado, generando un mayor daño social, económico y desconfianza en la ciudadanía.
Redacción RSM