Piromanía en Socabaya
Prometeo no contempló la inhumanidad en los humanos cuando le robó el fuego a los dioses para dárselo a ellos. En el distrito de Socabaya, la gestión de Juan Roberto Muñoz Pinto ha dejado de ser un gobierno democrático y cercano al pueblo. Pues los diferentes acontecimientos que lo han rodeado en lo que va de su gestión demuestran que, al parecer, responde con amenazas y ataques a quienes no están de acuerdo con él. Y sus promesas de campaña terminan reduciéndose en el eslogan: “Mi palabra vale más que un papel firmado”.
La historia de Fermín Laura, un vecino decidido a intentar un cambio mediante la revocatoria del alcalde y de sus regidores, es el claro reflejo de esta tragedia. En el año 2024, Laura, impulsado por la esperanza de un distrito más justo, reunió firmas con valentía. ¿La respuesta? La madrugada de un jueves que no olvidará, su vivienda en la calle Caravelí fue atacada con bombas molotov y bolsas de gasolina; intentaron incendiar su combi mientras dormía. Fueron los ladridos desesperados de sus perros los que alertaron a la familia y evitaron un desastre mayor. Antes de esto, su hermana había sido golpeada en la calle y las amenazas de muerte llovían en redes sociales, desde perfiles falsos que, como fantasmas sin rostro, dejaban mensajes cargados de odio, con datos personales para infundir aún más miedo.
Pero el ataque no quedó ahí. Mientras Fermín y los suyos recolectaban apoyos en calles y plazas, fueron perseguidos y acosados por trabajadores de la misma municipalidad, identificables por sus uniformes amarillos y sus rostros visibles en videos que, pese a ser pruebas contundentes, se “perdieron” misteriosamente en el camino entre comisarías y fiscalías. La vendetta alcanzó incluso al padre de Fermín, un anciano discapacitado de 80 años, al que, en pocas palabras, intentaron arrebatarle su modesto puesto de periódicos mediante artimañas administrativas. Las obras municipales, iniciadas de un día para otro alrededor de su quiosco, sirvieron como pantalla para bloquear sus actividades y cortar cualquier intento de resistencia. Las denuncias, archivadas. Las pruebas, desaparecidas. Y las amenazas, constantes, con rostros encapuchados que acechan desde la sombra mientras la justicia mira hacia otro lado.
Así, mientras vecinos como Fermín Laura viven bajo la sombra del miedo, el alcalde Juan Roberto Muñoz Pinto parece vivir en una burbuja de aplausos fabricados por él mismo. Pues no hay intervención pública en la que no se glorifique. En los discursos que brinda indica que su gestión trabaja constantemente en los avances, el desarrollo y el progreso. Sin embargo, esto se contrasta con informes oficiales, como el oficio N.° 009 – 2025 – OCI/1313 – SOO de la Contraloría General de la República, donde se señala que la Municipalidad Distrital de Socabaya no cumple con los estándares mínimos de transparencia: no publica órdenes de compra ni de servicio en los plazos establecidos, oculta los acuerdos de concejo, así como todo lo relacionado a contrataciones, personal y ejecución presupuestal. Lo que no se ve, no se puede fiscalizar; y lo que no se fiscaliza, se convierte en tierra fértil para la impunidad.
El teatro de las obras tampoco escapa a su guion engañoso. El exalcalde de Socabaya, Alexi Rivera, ha desmentido públicamente varios de los “logros” que Muñoz Pinto se atribuye. La piscina municipal que dice haber destrabado ya estaba lista desde la gestión anterior; el coliseo que asegura haber rescatado jamás estuvo paralizado como afirma, y las cifras millonarias que proclama para proyectos escolares como el del colegio San Martín de Socabaya no coinciden con la realidad de los carteles de obra. Anuncia puentes inexistentes y centros de salud que no se han visto. Para muchos vecinos, lo único que el alcalde ha construido con eficiencia es un castillo de mentiras.
El derecho a disentir parece desvanecerse, así como la verdad. El informe de orientación de oficio N.º 018-2025.OCI/1313-SOO del Órgano de Control Institucional (OCI) publicado en la Contraloría General reveló que en ambas fechas de las sesiones de concejo donde se debatía su vacancia, al menos dos locadores de servicios salieron a la calle para aplaudirlo. Sin embargo, a simple vista, la cantidad de simpatizantes de Muñoz Pinto durante las dos fechas fue muy superior. El informe publicado en la contraloría puede sugerir que la gran mayoría de manifestantes a favor del alcalde fueron trabajadores de la propia municipalidad.
En la primera fecha, 2 de junio, la regidora Magaly Agramonte denunció que incluso el secretario del concejo desvió la votación para evitar debatir la moción de vacancia, burlando los procedimientos y distorsionando la legalidad. Por su parte, el regidor Shan Huanco aseguró que varios jóvenes contratados fueron obligados a asistir a las manifestaciones con la amenaza de perder sus contratos si no lo hacían. En la segunda fecha, 17 de junio, como si la protesta fuera un aquelarre político, Muñoz Pinto invocó su poder entre gritos obligados y gestos coreografiados, mientras en las oficinas municipales se apagaban las luces del servicio público. En aquellos días no ardió solo el tiempo de los vecinos que buscaban justicia: ardió también la dignidad institucional de un distrito entero.
Magaly Agramonte, regidora del distrito, lejos de someterse, ha fiscalizado la gestión de Juan Roberto Muñoz Pinto. Pero su valentía ha tenido un alto precio. Desde 2023, ha enfrentado ya tres intentos de vacancia, el último formalizado el pasado 18 de junio. No hay argumentos sólidos, pero sí un patrón de intimidación y hostigamiento. Agramonte ha denunciado que los documentos presentados para sacarla del cargo incluyen datos personales falsificados, incluso de su hija menor de edad, en un acto que sobrepasa la política y roza el crimen. En Socabaya, parece que atreverse a fiscalizar al alcalde equivale a ponerse una diana en la espalda.
Agramonte no solo ha alzado la voz, también ha mostrado pruebas: contratos sospechosos, gastos cuestionados por la Contraloría, y una cadena de decisiones que erosionan la legalidad institucional del distrito. “No trabajamos con rumores ni chismes, sino con documentos oficiales”, ha dicho, reafirmando su compromiso en medio del asedio. La vacancia del alcalde no se dio por diferencia de un voto. El panorama bosqueja un escenario en el que el alcalde no solo busca contrarrestar a sus críticos, pues parece decidido a retirarlos del mapa político. Mientras las estructuras éticas del municipio son vistas cada vez con más sospechas, parece que quienes se atreven a aclarar las cosas terminan perseguidos, acosados, y expuestos públicamente por atreverse a exigir cuentas. En esta historia, Magaly Agramonte no es una disidente, es una sobreviviente.
En este contexto, si algo termina por incendiar toda posibilidad de confianza en la gestión de Juan Roberto Muñoz Pinto, es un contrato realizado con la Financiera BM Construcciones Com Net E.I.R.L., empresa de la que, antes de llegar al poder distrital, había sido asesor. Ya como alcalde, esa misma empresa, sin mayor experiencia comprobada y vinculada a su entorno personal, fue favorecida con seis licitaciones municipales por más de dos millones de soles. La única cliente: la propia Municipalidad Distrital de Socabaya. Esta tiene que ser una de las razones principales del seguimiento a Agramonte, pues a comienzos de abril, la regidora, acompañada de su abogado Genaro Uribe, presentó el primer pedido formal de vacancia sustentado en este caso, alegando una presunta violación a las restricciones de contratación establecidas para funcionarios públicos.
Agramonte denunció que la empresa pertenece a Adely Seferina Jiménez Oviedo, persona cercana al alcalde, y que el historial técnico de la compañía es nulo. La presunta colusión entre el pasado privado de Muñoz Pinto y los recursos públicos de Socabaya ha transformado a la municipalidad en una vitrina de irregularidades, donde el beneficio personal parece haberse disfrazado de política pública. Así, los presuntos favores y blindajes consumen lo poco que queda de institucionalidad.
Además de los contratos cuestionables y la persecución política, Muñoz Pinto revela la poca empatía que tiene con los problemas de otros distritos a través de la cuenta oficial de la municipalidad en la plataforma TikTok. Pues, a través de un video corto publicado a mediados del mes de abril, hizo burla de la inseguridad que atraviesa el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, con frases irónicas como: “Además de trabajar con orden y seguridad, nuestro personal también lo hace con empatía. Porque, claro, a nuestros queridos vecinos de Bustamante Balaceras […] también los tomamos en cuenta, ya que alguien tiene que hacerlo”. A este punto, Muñoz es el símil de un incendio forestal, que parece consumir y perjudicar hasta mucho más allá de sus límites aparentes.
A finales de junio, el alcalde volvió a encender la polémica. Esta vez, al ritmo de altoparlantes y aplausos prefabricados, recorrió las calles de Socabaya a bordo de ocho compactadoras de basura que aún no contaban ni siquiera con placas. El mensaje, transmitido desde la página oficial de la municipalidad, fue manipulador: la adquisición de los vehículos era mérito exclusivo de su gestión. En ningún momento se mencionó que estas unidades fueron entregadas por el Ministerio del Ambiente, ni que fueron financiadas por un crédito gestionado por el Gobierno nacional en coordinación con una cooperativa alemana, hace más de cuatro años.
En pleno año preelectoral, el Jurado Electoral Especial de Arequipa ha advertido que este tipo de actos proselitistas, realizados con recursos institucionales, son infracciones a la neutralidad que deben mantener las autoridades. Pero en Socabaya, parece que hasta las compactadoras sirven para alimentar el fuego del ego. Muñoz Pinto no solo reescribe la historia: la distorsiona a su favor, envolviéndola en perifoneos, omisiones y verdades recortadas que circulan por las calles como si fueran conquistas propias. Y así, mientras su figura se pasea en vehículos sin placas, la institucionalidad queda una vez más atrapada bajo las ruedas de una gestión que arde sin control.
Prometeo entregó el fuego para alumbrar a la humanidad, no para que algunos lo usaran como antorcha de intimidación o ceniza de impunidad. En Socabaya, ese regalo ancestral no ilumina, quema; no transforma, destruye. Y todo parece indicar que Juan Roberto Muñoz Pinto no gobierna, incendia. Su mandato no parece el de un alcalde, sino el de un pirómano institucional que, lejos de construir, arrasa con todo aquello que no le sirve. En cada contrato opaco, en cada mentira amplificada por altavoces públicos, deja un nuevo foco de incendio encendido. Y si Prometeo alguna vez creyó que la humanidad usaría el fuego para elevarse, Muñoz Pinto demuestra que algunos lo usan para reducir a cenizas lo poco que queda de ética, justicia y democracia.
Redacción RSM
