La minería illegal que desangra Arequipa y expone la infiltración criminal en el Estado

Una escalada de violencia minera sacudió la región Arequipa en 2022, dejando un saldo de catorce mineros artesanales muertos en Caravelí. Tres años después, una serie de operativos conjuntos entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público ha puesto bajo la lupa a la organización criminal conocida como Los Intis, presuntamente responsable del suministro de armas, contratación de sicarios y lavado de activos en zonas de extracción aurífera ilegal. Esta organización operaba bajo el amparo de asociaciones mineras inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), lo que ha encendido las alarmas sobre el uso de esta herramienta como fachada para actividades ilícitas.

Los enfrentamientos del 2022 entre las asociaciones mineras Atico Calpa y Calpa Renace ocurrieron en los terrenos concesionados a la empresa Intigold Mining. Con armas de corto y largo alcance, dinamita y emboscadas, se desató una masacre que culminó con catorce personas muertas. Las víctimas fueron encontradas en quebradas días después del hecho, muchas de ellas con heridas de bala en la cabeza. El caso aún espera sentencia, mientras se profundizan las investigaciones sobre las redes que financiaron y ejecutaron el ataque.

LA RED DETRÁS DEL ORO: LOS INTIS

La organización criminal conocida como Los Intis está conformada por exdirigentes de asociaciones mineras, sicarios contratados, testaferros y al menos un exfuncionario de SUCAMEC. Según el comandante PNP Manuel Salazar Quiroga, jefe del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado, el grupo tenía como núcleo la provisión de armamento y logística a grupos de minería ilegal, especialmente a Atico Calpa y Calpa Renace. Estas asociaciones estaban inscritas en el REINFO y usaban esa cobertura legal para movilizar mineral sin ser fiscalizadas.

Entre el 24 y 26 de mayo de 2025, se ejecutó un megaoperativo en Arequipa y Lima que resultó en la captura de seis integrantes de Los Intis. Las acciones policiales y fiscales se realizaron en los distritos de Chala, Atico, Caravelí, Comas, Sayán y Huaura. Entre los detenidos figura Adrián Portocarrero, alias «El Papu», exfuncionario de SUCAMEC, acusado de facilitar licencias de armas y articular el tráfico de armamento.

Durante el operativo, se incautaron tres armas de fuego, 209 municiones, cargadores, dos camionetas de alta gama y más de S/ 100,000 y US$ 118,000 en efectivo. También se encontraron celulares, linternas tácticas y documentos clave. Según la Fiscalía, estas herramientas permitían a Los Intis ejecutar desalojos armados y consolidar el control de territorios mineros en disputa. La presunta organización habría extendido sus operaciones desde 2020, con antecedentes de violencia y participación directa en la masacre de 2022.

El juez Ronald Salas Quinto del Juzgado de Investigación Preparatoria de Caravelí dirigió el control de identidad de los acusados. Daniel López Portocarrero, Darwin Samaniego Orihuela, Jesús Bava Quispe, Cid Domínguez Martínez y Hilda Ttica Ccoscco permanecen en detención preliminar. Las autoridades les imputan los delitos de crimen organizado, tenencia ilegal de armas, lavado de activos y participación en homicidios. La información proviene de interceptaciones telefónicas y confesiones obtenidas en etapas previas.

VIOLENCIA SISTEMÁTICA Y FALLAS DEL ESTADO

La existencia y funcionamiento de Los Intis reflejan la penetración del crimen organizado en el sector de la minería informal. La Fiscalía ha advertido que este tipo de redes no solo controlan territorios, sino que también corrompen instituciones y generan un clima de inseguridad que impide el desarrollo de operaciones legales. Las declaraciones del comandante Salazar y la información recogida por medios como Latina Noticias, dan cuenta de una estructura con recursos, personal armado y capacidad de intimidación.

El caso de «El Papu» es paradigmático. Exfuncionario de SUCAMEC, institución encargada del control de armas en el país, Portocarrero habría facilitado el ingreso y uso de armamento militar a través de licencias ilegítimas. Según el Ministerio Público, esta infiltración pone en evidencia la fragilidad del sistema de fiscalización estatal y su vulnerabilidad ante redes corruptas. El uso de armas de guerra y la magnitud del dinero incautado demuestran que no se trata de bandas artesanales, sino de una organización con peso logístico y financiero.

En paralelo, se mantiene el debate sobre la eficacia del REINFO. Aunque fue creado para facilitar la formalización de pequeños mineros, el sistema ha servido como cobertura legal para actividades ilegales. Pedro Yaranga, experto en seguridad y minería artesanal, ha sostenido en entrevistas que el REINFO «terminó protegiendo a redes criminales y no a mineros en vías de formalización». La falta de fiscalización y la pasividad de las direcciones regionales de minería permiten que miles de toneladas de mineral salgan del país sin control ni tributación.

Las autoridades tienen ahora la responsabilidad de garantizar un proceso judicial transparente y eficaz. La presión mediática y social exige justicia, pero también acciones estructurales. El oro sigue saliendo de las montañas del sur, pero lo hace escoltado por balas, corrupción y silencio institucional. Enfrentar esta realidadBimplica desmontar las redes y reconstruir la presencia del Estado en zonas abandonadas por años.

La organización criminal Los Intis representa una amenaza compleja y estructurada. Su accionar en Caravelí demuestra que la minería ilegal ha dejado de ser una actividad informal para convertirse en una plataforma de violencia, lavado de dinero y corrupción. Los enfrentamientos entre asociaciones mineras no son simples disputas territoriales: son guerras por recursos, sostenidas por redes armadas que operan con total impunidad.

La reciente captura de sus miembros es solo un primer paso. El reto es desmantelar toda la cadena que sostiene esta economía criminal: desde quienes lavan el oro hasta quienes facilitan armas y licencias. Mientras tanto, el oro sigue saliendo del subsuelo, pero no sin un alto costo: el de la sangre derramada por un negocio que prospera gracias a la debilidad del Estado y al silencio de quienes deberían fiscalizar.

Para frenar esta violencia, se requiere voluntad política, reforma institucional y justicia efectiva. De lo contrario, Los Intis serán solo uno de muchos nombres en una larga lista de mafias que han convertido los cerros del sur en tierra de nadie.

Redacción Paolo Silva