Tierra fértil
A comienzos de este año, la tierra en La Joya se agrietó no solo por la falta de agua, sino por el peso de una gestión ausente. La madrugada del 22 de febrero, el canal madre colapsó y dejó a más de 10 mil hectáreas agrícolas sin riego. Mientras las plantas se marchitaban, el agua potable se cortó para más de 30 mil personas. Los agricultores miraban sus cultivos de arroz, papa y cebolla secarse al sol, preguntándose, una vez más, por qué nadie previó lo que desde hacía años se venía advirtiendo: que la infraestructura hídrica de la zona, con casi 90 años de antigüedad, estaba en ruinas.
La respuesta institucional fue, como muchas otras veces, tardía. El 28 de febrero, casi una semana después, se habilitó un canal alterno, pero el daño ya estaba hecho. Las pérdidas, según dirigentes de las juntas de usuarios, fueron millonarias. En medio de esta crisis, la cabeza del sector también cambió: Helard Nina Pachauri fue designado como nuevo gerente regional de Agricultura el 1 de abril, en reemplazo de Julio Herrera, quien salió envuelto en denuncias fiscales por presuntas irregularidades en pagos durante el Festiagro 2024.
Mientras tanto, los proyectos de infraestructura agrícola duermen en carpetas, esperando un presupuesto que no llega. La Gerencia Regional de Agricultura cuenta con apenas 42 millones de soles, una cifra insuficiente frente a los más de 100 millones que se requerirían para ejecutar la cartera de obras que prometen mejorar canales de riego y modernizar la producción. De ese fondo, solo 26 millones están destinados a inversión real. En mayo, el proyecto más costoso, el mejoramiento del sistema de riego en Iberia, Deán Valdivia, arrastraba un avance físico menor al 50 %, a pesar de que su fecha de entrega vencía el 4 de junio. En el canal lateral Los Castillos, en Samuel Pastor, la historia se repite. La burocracia gana tiempo, mientras los cultivos pierden el suyo.
En paralelo, se anuncian cambios en el proceso de titulación agrícola, otra promesa largamente esperada por miles de agricultores de la región. Desde hace años, el acceso formal a la tierra sigue siendo un privilegio para unos pocos, pese a que el discurso institucional repite que se trata de una prioridad. Ahora el Gobierno Regional dice que quiere “descentralizar” y dar mayor protagonismo a las agencias agrarias en provincias, pero no hay claridad sobre cómo se hará ni con qué recursos. Las decisiones llegan tarde, con improvisación y escaso personal técnico. Como si bastara una resolución para resolver décadas de abandono, mientras el campesino sigue trabajando la tierra sin título, sin agua y sin respaldo.
En abril se evidenció que tres de las nueve agencias agrarias, las de Caylloma, Castilla y Condesuyos, ni siquiera cuentan con títulos de propiedad, lo que impide realizar mejoras, inversiones o establecer convenios interinstitucionales. Funcionan en locales prestados, cedidos hace décadas por las municipalidades, sin saneamiento físico-legal. Es decir, oficinas clave para la asistencia técnica, la supervisión de cultivos o el acompañamiento de productores operan sin estabilidad jurídica ni condiciones mínimas.
Esta situación refleja un patrón: si el Estado no puede formalizar sus propias oficinas, ¿cómo exigirá al agricultor que formalice sus tierras, sus cultivos o sus cooperativas? Ello termina de fortalecer este panorama negativo en el que los territorios rurales están pasando a segundo plano. En lugar de fortalecer las agencias agrarias como brazos operativos del Estado, se les mantiene en el olvido, gestionando proyectos desde escritorios ajenos, sin autonomía ni recursos. El resultado: una estructura agraria disfuncional.
La gestión actual de la Gerencia Regional de Agricultura lograr una articulación y trabajo conjunto en beneficio del agro arequipeño. Según explicó el gerente Helard Nina Pachauri, se han activado planes de prevención, contingencia y emergencia ante el friaje, en coordinación con municipalidades, agencias agrarias y comunidades campesinas. Además, se ha solicitado un presupuesto adicional de un millón de soles para medicamentos y forraje, y se han iniciado gestiones para ejecutar proyectos mediante la modalidad de obras por impuestos, con una carta de intención que comprometería hasta 150 millones de soles por parte de empresas privadas.
Sin embargo, mientras el frío avanza y las heladas arrasan con cultivos y ganado, el tiempo se vuelve el peor enemigo del agricultor. Las respuestas desde el Estado siguen condicionadas por trámites, validaciones y registros administrativos. Como reconoció el mismo gerente, la desconfianza persiste. El esfuerzo técnico es importante, pero si no se transforma en ejecución real y efectiva, seguirá prevaleciendo una constante que ya es familiar para los productores del campo: la promesa que llega tarde, la gestión que no alcanza y la prevención que nunca se concreta del todo.
Redacción David Mendez
