“Todo funcionario está sujeto a investigaciones”, ¿tolerancia o permisividad desde el Gobierno Regional de Arequipa?
“Todo funcionario está sujeto a investigaciones”. Con esta frase, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, intentó restarle peso a la situación que atraviesa su gerente regional Ambiental, Fernando Mejía Vargas, quien afronta una investigación fiscal por presunta colusión agravada y un proceso disciplinario interno. La frase no tardó en generar reacciones, ¿es una expresión de respeto al debido proceso o un síntoma de permisividad frente a presuntos actos irregulares?
Las autoridades tienen razón en señalar que una investigación preliminar no equivale a una condena. En efecto, el principio de presunción de inocencia debe regir cualquier proceso. Pero también es cierto que cuando se trata de funcionarios públicos en cargos de alta responsabilidad, como lo es un gerente regional, el estándar de transparencia y prudencia debería ser más alto.
La investigación abierta por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios no es menor. Se trata de un caso que involucra presuntas irregularidades en la contratación de personal mediante órdenes de servicio, con documentos que presentaban inconsistencias e incluso firmas cuestionadas. Todo esto fue detectado por una comisión del propio Consejo Regional. Lejos de rumores, estamos ante hechos formales que derivaron en un proceso fiscal declarado complejo y con un plazo de 120 días naturales para esclarecer responsabilidades.
En ese contexto, ¿es razonable que el gobernador no solo mantenga al funcionario en su puesto, sino que además lo respalde públicamente y minimice la denuncia? La permanencia de personas investigadas en cargos clave no solo debilita la institucionalidad del Gobierno Regional, sino que lanza un mensaje preocupante, que las investigaciones por presunta corrupción no necesariamente implican una evaluación política o ética.
La defensa automática a funcionarios investigados ha sido una constante en la política peruana, y Arequipa no es ajena a esa lógica. Lo vimos en gestiones anteriores y parece repetirse ahora con una administración que prometía una nueva forma de gobernar. La ciudadanía, sin embargo, demanda coherencia, si se habla de lucha contra la corrupción, esa postura debe reflejarse también en decisiones concretas frente a casos en curso.
El Gobierno Regional tiene hoy la oportunidad de actuar con altura y enviar un mensaje claro de que no tolerará ni siquiera la sombra de la duda en sus filas. Eso no significa prejuzgar, sino simplemente aplicar una regla de oro en la gestión pública, mientras se esclarecen los hechos, es preferible apartar temporalmente a los investigados para no comprometer el principio de integridad institucional.
Por lo pronto, el respaldo del gobernador a Fernando Mejía se percibe como un acto de defensa política más que una señal de prudencia. En una región como Arequipa, cualquier tolerancia frente a posibles actos de corrupción es peligrosa.
Decir que “todo funcionario está sujeto a investigaciones” puede ser jurídicamente correcto. Pero gobernar implica algo más que respetar la letra de la ley. Implica liderar con el ejemplo. Y eso, por ahora, parece estar en duda.
Redacción Marisol Ciñane
