Tachas contra Fuerza Popular, Renovación Popular y APP tensan el proceso electoral 2026
El camino hacia las Elecciones Generales de 2026 entra en una fase de alta tensión tras la presentación de tachas contra Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso. Los recursos ya se encuentran en evaluación por los Jurados Electorales Especiales, que deberán resolver en plazos breves debido al cronograma electoral. Las observaciones no solo cuestionan candidaturas específicas, sino también la legalidad de los procesos internos de los partidos involucrados.
En el caso de Fuerza Popular, la tacha está dirigida contra César Astudillo, integrante de la lista nacional al Senado. El argumento central cuestiona que la dirigencia del partido no solo haya designado a candidatos, sino que también haya determinado su ubicación en la lista, pese a que el estatuto solo permitiría lo primero. Esta observación abre un debate sobre el respeto a las normas internas y la transparencia en la selección de postulantes.
Renovación Popular enfrenta un escenario más complejo, pues la tacha presentada alcanza a toda la fórmula presidencial. Se señala que el proceso interno del 30 de noviembre de 2025 se realizó únicamente con militantes, pese a que el estatuto vigente establece la participación de afiliados y no afiliados. Además, se acusa a la ONPE de haber excedido sus funciones al interpretar el estatuto mediante una resolución administrativa, situación que podría sentar un precedente institucional delicado.
En Alianza para el Progreso, la observación apunta contra la candidatura de la congresista Rosio Torres al Senado. La tacha denuncia presuntas omisiones en su hoja de vida, como ingresos por docencia no declarados, ocultamiento de cargos gerenciales y posibles incongruencias patrimoniales. Estos cuestionamientos reavivan la discusión sobre la veracidad de la información presentada por los postulantes y el real alcance del control ciudadano.
Las tachas presentadas evidencian debilidades persistentes en la democracia interna de los partidos y en el cumplimiento de sus propios estatutos. Más allá del resultado jurídico de cada caso, el proceso electoral 2026 ya se desarrolla bajo sospechas, conflictos normativos y desconfianza ciudadana.
Redacción Pamela Amesquita
