Capacitan a prefectos y subprefectos para enfrentar la extorsión y el sicariato
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las autoridades políticas en el ámbito de la seguridad ciudadana, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, dictó la ponencia “Intervención del Ministerio Público en actos criminales: extorsión y sicariato” al participar en el taller “Desarrollo de competencias de las autoridades políticas para coadyuvar a la seguridad ciudadana”, dirigido a prefectos y subprefectos de la región Arequipa.
Durante su exposición, el fiscal provincial Rubén Núñez Soto, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa abordó de manera detallada el marco normativo y los elementos clave del delito de extorsión, regulado en el artículo 200 del Código Penal, precisando que consiste en obligar, mediante violencia, amenaza o engaño, a una persona o institución a otorgar una ventaja económica indebida.
Se detallaron las modalidades básicas y agravadas, incluyendo aquellas cometidas a mano armada, con participación de dos o más personas, o mediante la retención de rehenes; casos que pueden alcanzar penas de hasta cadena perpetua según la normativa vigente.
Asimismo, el ponente analizó el delito de sicariato, tipificado en el artículo 108-C del Código Penal. Explicó que esta conducta implica dar muerte a otra persona por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener un beneficio económico o de cualquier otra índole, y recordó que la pena base no es menor de treinta años.
Sin embargo, puede llegar a cadena perpetua en casos agravados, como el uso de menores de edad, la intervención de organizaciones criminales o cuando las víctimas sean dos o más personas.
Trascendió que el fiscal presentó, además, un cuadro estadístico actualizado sobre la incidencia de estos delitos en la región, dando cuenta de la evolución de las denuncias por extorsión en los últimos años. En cuanto al sicariato, se identificaron modalidades que evidencian la participación de redes organizadas, incluyendo ejecuciones por orden de organizaciones criminales y la intervención de dos o más personas en los hechos.
Redacción RSM
