Consejero advierte presunto perjuicio económico al GRA por servidumbre de terrenos usados por Southern Perú
El consejero regional César Huamantuma advirtió un presunto perjuicio económico contra el Gobierno Regional de Arequipa debido a la falta de cobro por concepto de servidumbre de terrenos del Estado que habrían sido utilizados por la empresa Southern Perú para el desarrollo del proyecto minero Tía María, en la provincia de Islay.
Según explicó, desde el año 2015 se habrían entregado actas provisionales de uso de predios ubicados en zonas como Cocachacra, Deán Valdivia y otros sectores vinculados al proyecto minero. Sin embargo, pese a que la empresa ya venía haciendo uso de estas áreas, el Gobierno Regional de Arequipa no habría culminado el procedimiento administrativo correspondiente para formalizar la servidumbre y realizar el cobro respectivo.
Huamantuma señaló que, durante aproximadamente diez años, la entidad regional tuvo la obligación de impulsar estos trámites a través de la Oficina de Ordenamiento Territorial. De haberse actuado con la debida diligencia, el proceso pudo haberse concluido en un plazo aproximado de ocho meses a un año, generando ingresos importantes para la región.
El consejero sostuvo que el monto que se habría dejado de percibir asciende a cerca de 15 millones de soles por los diez años de uso de los terrenos hasta marzo de 2026. Asimismo, indicó que el perjuicio económico proyectado por un periodo de 20 años alcanzaría aproximadamente los 39 millones de soles.
La situación, según Huamantuma, se agravó luego de que el proyecto fuera declarado de interés nacional mediante una resolución ministerial emitida en marzo de este año. Con ello, el Gobierno Regional habría perdido competencia sobre el proceso, que ahora pasaría a manos del Ejecutivo y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, lo que significaría que los pagos por servidumbre ya no ingresarían a las arcas regionales, sino directamente a Lima.
Huamantuma también indicó que solicitaron información a Southern Perú, a la Oficina de Ordenamiento Territorial y a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, entidades que respondieron con documentación relacionada al expediente y a las actas de entrega provisional. Ante ello, cuestionó por qué, pese al uso de los predios, no se generaron los ingresos que correspondían al Gobierno Regional.
El consejero consideró que corresponderá al Ministerio Público determinar si existió responsabilidad penal o administrativa por el presunto perjuicio económico a los intereses del Gobierno Regional de Arequipa. Además, sostuvo que las autoridades responsables de las gestiones anteriores y actuales deberán responder por la falta de avance en estos trámites.
En otro momento, Huamantuma se refirió al nombramiento del nuevo gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, cuestionando que se sigan designando funcionarios con antecedentes o denuncias en otras regiones. Afirmó que esta situación refleja la inestabilidad en la gestión del gobernador Rohel Sánchez, donde, según dijo, ya se han realizado múltiples cambios de gerentes, jefes y funcionarios de confianza.
El consejero manifestó que esta constante rotación habría afectado la continuidad de obras regionales, generando paralizaciones, arbitrajes, ampliaciones de plazo y aumentos presupuestales en distintos proyectos bajo administración del Gobierno Regional.
Finalmente, anunció que el nuevo gerente general será citado por el Consejo Regional para responder sobre los cuestionamientos en su contra y explicar qué acciones asumirá durante el periodo que le queda a la actual gestión, especialmente en el proceso de transferencia y en la atención de proyectos observados, como la vía Cayarani .
Redacción Luz Flor
