César Nakazaki sobre nueva investigación preliminar a Dina Boluarte: «La presidenta no puede ser una ‘caserita’ de la Fiscalía»
El abogado penalista César Nakazaki explicó que la investigación fiscal contra la presidenta Dina Boluarte por presunto abandono de cargo o incumplimiento de deberes de función buscaría demostrar que, como consecuencia de un tratamiento quirúrgico al que se sometió, la mandataria estuvo incapacitada de ejercer la función de presidenta.
«Veo que el fiscal tendrá que trabajar mucho este caso porque si vamos al periodo de tiempo que se está investigando, hay varias decenas de actos presidenciales que se han realizado entre junio y julio de 2023. Tienes decretos de urgencia, leyes que se han promulgado, entonces hay toda una secuencia de actos presidenciales que lo que estarían demostrando es que sí se ha ejercido la función. Con o sin tratamiento quirúrgico la función habría continuado», señaló.
«Son investigaciones preliminares, acá no hay un proceso penal y menos hay culpables prematuros. Entonces, son investigaciones preliminares que se han hecho, pero yo llevaría a la reflexión: más que a la opinión pública, a la Fiscalía y al Congreso, que tampoco van a crucificar a la presidenta llenándola de investigaciones preliminares porque si no la van a tener como alcaldes. La presidenta no puede ser una ‘caserita’ de la Fiscalía», añadió.
El abogado consideró que un sector del Congreso incurre en un error al hablar de una infracción constitucional. Según recordó, el Tribunal Constitucional señaló hace varios años «que mientras que no se tipifiquen las infracciones constitucionales y no se establezca cuánto tiempo de inhabilitación corresponde, no se puede utilizar esa figura».
«El Congreso, en vez de cumplir su tarea, no lo hace; y si vamos al otro lado que pretenden llevar al médico para que revele el tratamiento médico, yo les recomendaría (a los congresistas) que lean la Ley General de Salud (sobre el) secreto médico, que la única autoridad que lo puede levantar es un juez, no un congresista», apuntó.
«En la investigación preliminar la Fiscalía tendría que justificar un pedido de ese tipo (que sea juzgada), pero pretender crucificar al médico en el Congreso para que revele (…) Si él revelara en este momento el tratamiento médico para la paciente, él iría a la cárcel porque cometería el delito de violación del secreto profesional. Hay que tratar con seriedad el tema de las profesiones como el caso del médico», agregó.
Redacción RSM
