Gobierno promulga polémica ley que limita la extinción de dominio pese a advertencias del Poder Judicial y la Fiscalía
El Gobierno de Dina Boluarte promulgó una controvertida ley que restringe la figura de extinción de dominio, mecanismo clave para la recuperación de bienes obtenidos ilegalmente. La norma, aprobada en abril por el Congreso, solo permite confiscar estos bienes si existe una sentencia judicial firme, lo que ha sido duramente cuestionado por el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La Ley 32326 modifica el Decreto Legislativo 1373, limitando la aplicación de la extinción de dominio a casos con sentencia definitiva, lo que podría beneficiar a personas vinculadas a delitos graves como corrupción, lavado de activos o minería ilegal. Sin embargo, la norma mantiene la excepción para delitos como narcotráfico, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos informáticos, donde sí se permite avanzar sin sentencia firme.
Diversos sectores advierten que este cambio debilita la lucha contra el crimen organizado y abre la puerta a que bienes ilícitos permanezcan bajo control de investigados por largos periodos. El proceso judicial, que antes podía actuar de manera autónoma frente a procesos penales, ahora queda atado al resultado de estos, lo que dilata o impide la recuperación efectiva del patrimonio ilícito.
Pese a las alertas, el Ejecutivo oficializó la norma, generando nuevas tensiones con las instituciones del sistema de justicia. La Fiscalía había advertido que esta ley compromete la eficacia de investigaciones en curso y representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Redacción Pamela Amesquita
