Una premiación, un pasaje y una gran pregunta
Mientras el país arde por dentro con protestas en diversas regiones a causa del caótico proceso de formalización minera, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha optado por el silencio político. Pero lo que no ha callado es su defensa acérrima del viaje a París de su amiga y vecina María Jesús Gosálvez Postigo, presuntamente financiado con dinero del Estado. Una situación que, más allá de la versión oficial, levanta serias sospechas sobre el uso de los recursos públicos en beneficio de personas con vínculos personales con altas autoridades.
El reportaje de Punto Final que evidenció esta problemática reveló que Gosálvez, productora de aceite de castaña, viajó a Francia para recibir una medalla obtenida en el concurso París Gourmet, evento en el que uno de sus productos fue reconocido. Hasta ahí, nada irregular. Sin embargo, lo que ha encendido las alertas es que su viaje fue costeado por el Congreso de la República, y que quien habría gestionado la ayuda fue Ivonne Ruiz, esposa de Salhuana y presidenta del Comité de Damas del Congreso.
Gosálvez declaró que había iniciado los trámites por cuenta propia, pero fue contactada posteriormente por Ruiz para ofrecerle apoyo. “Son mis amigos”, declaró la empresaria, justificando la cercanía con la familia del titular del Legislativo. Si bien recibir un premio internacional puede ser motivo de orgullo regional, no queda claro por qué el Parlamento, con fondos públicos, debe costear ese tipo de viajes, especialmente cuando no hay un cargo oficial que respalde tal representación en nombre del Congreso o del Estado.
Lo más preocupante no es solo el financiamiento, sino la reacción del presidente del Congreso ante la denuncia. Lejos de transparentar el proceso de asignación de recursos o mostrar disposición a una investigación, Salhuana acusó a la prensa de tergiversar la información y calificó el reportaje de Punto Final como «malicioso». En sus palabras, el periodismo se habría convertido en un «vil oficio». Esta respuesta no solo evade responsabilidades, sino que agrava la percepción de que los recursos del Estado pueden ser usados arbitrariamente, siempre que se tenga el “contacto correcto”.
La ciudadanía no necesita discursos defensivos, sino explicaciones claras y verificables. ¿Bajo qué criterios el Congreso aprobó este gasto? ¿Cuántos ciudadanos con logros similares han sido beneficiados con fondos públicos? ¿Por qué no hubo un pronunciamiento previo de Salhuana cuando Punto Final solicitó sus descargos? Son preguntas que siguen sin respuesta, mientras la figura del titular del Congreso se ve cada vez más comprometida.
En momentos donde el país demanda liderazgos coherentes y comprometidos con la ética pública, lo ocurrido en este caso refleja todo lo contrario: privilegios solapados por amistades personales, opacidad en el manejo del dinero de todos los peruanos, y un desprecio preocupante por el rol fiscalizador de los medios de comunicación. No se trata de una simple anécdota de pasajes a París, sino de una señal más del desgaste institucional que hoy vive el Congreso.
Redacción David Mendez
