Defensa técnica de la familia de mujer fallecida tras liposucción exige celeridad en investigación contra médico y clínica en Cayma
La familia de Rebeca Llacho Ccahuana, mujer de 32 años que perdió la vida el pasado 17 de abril tras someterse a una liposucción en la clínica Flórez, ubicada en el distrito de Cayma, exige que las autoridades aceleren las investigaciones y determinen responsabilidades por lo que consideran un caso de presunta negligencia médica. El hecho viene siendo investigado luego de que la paciente fuera trasladada al Hospital Regional Honorio Delgado, donde se confirmó su fallecimiento.
La nueva abogada de la familia, Patricia Estrella, quien asumió recientemente la defensa técnica de la parte agraviada, señaló que la necropsia habría determinado como causa de muerte un shock hipovolémico provocado por hemorragia interna y laceración de viseras , situación que, según indicó, evidenciaría una intervención realizada sin las condiciones necesarias para garantizar la vida de la paciente.
La letrada sostuvo que el médico investigado, identificado como José Molina Barreto, de nacionalidad venezolana, se habría presentado como especialista en cirugía plástica o estética, pese a que, de acuerdo con la defensa, no contaría con dicha especialidad acreditada. Por ello, pidió que la Policía curse los oficios correspondientes a la Sunedu para verificar su formación profesional y especialización. Además, indicó que el galeno laboraría como médico general en el Hospital Honorio Delgado.
“Estamos frente a un caso sumamente grave. No se puede normalizar que personas que no contarían con los conocimientos especializados realicen intervenciones quirúrgicas que terminan arrebatando la vida de mujeres”, expresó la defensa, al cuestionar que hasta el momento no se haya avanzado con diligencias específicas como la reconstrucción de los hechos.
Según información difundida por medios nacionales, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa advirtió que el establecimiento donde se realizó la intervención no contaba con autorización para practicar este tipo de procedimientos quirúrgicos, pues tenía permisos limitados y no estaría habilitado como centro quirúrgico para cirugías estéticas de alta complejidad.
La abogada también solicitó que se identifique plenamente al anestesiólogo, enfermeras y personal técnico que participaron en la intervención, ya que hasta el momento la familia asegura conocer únicamente el nombre del médico principal. Para ello, planteó que se oficie a la Sunat a fin de acceder a la planilla de la clínica y conocer cuántos trabajadores laboraban en el establecimiento, con el objetivo de citarlos a declarar como testigos.
Asimismo, la defensa pidió que la clínica sea incorporada en la investigación como tercero civil responsable, al considerar que el local no habría contado con las condiciones necesarias para atender una emergencia durante una intervención estética. Según la abogada, aunque se trataría de una clínica de nivel II, esta estaría preparada para otros procedimientos, pero no necesariamente para una cirugía estética como la realizada a Rebeca.
Otro punto que genera suspicacia en la familia es que la paciente haya sido trasladada al Hospital Honorio Delgado, donde laboraría el médico investigado, pese a que existían otras clínicas más cercanas al establecimiento donde ocurrió el hecho. La defensa también cuestionó la versión de que Rebeca habría fallecido durante el traslado, pues sostiene que “todo apuntaría” a que la muerte ocurrió en la propia clínica.
Por su parte, Elisa Llacho, hermana de la víctima, pidió justicia y lamentó que, casi un mes después de la muerte de Rebeca, aún existan vacíos en la investigación. Indicó que decidieron cambiar de abogado porque no estaban conformes con la forma en que se venía llevando el caso. También señaló que la clínica continuó funcionando durante algunos días después del hecho y que, gracias a la presión de la prensa, fue finalmente clausurada.
La defensa informó que el médico investigado fue citado para rendir su declaración el próximo 19 de mayo y advirtió que existiría riesgo de fuga. Por ello, pidió a las autoridades actuar con mayor firmeza y garantizar que el investigado se ponga a derecho.
El caso es investigado por el presunto delito de homicidio culposo, aunque la defensa sostiene que podrían existir agravantes, entre ellas el presunto ejercicio indebido de la profesión y la realización de una intervención quirúrgica en un lugar que no contaba con autorización para este tipo de procedimientos. Según medios locales, la Fiscalía inició investigación preliminar contra el médico por el presunto delito de homicidio culposo.
La familia de Rebeca Llacho Ccahuana reiteró su pedido de justicia y exigió que la investigación no quede impune. “Solo queremos que se sepa la verdad y que ninguna otra mujer pase por lo mismo”.
Redacción Alexander Moreno
