Gobierno sospecha que secuestro de empresario en Trujillo fue coordinado desde un penal
El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirmó que el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, ocurrido tras un ataque que dejó cuatro personas asesinadas en Trujillo, habría sido planificado y coordinado desde el interior de un establecimiento penitenciario.
Según el titular de Defensa, información preliminar de inteligencia apunta a una persona conocida con el alias de “Jhon Pulpo”, quien estaría vinculada con la planificación del secuestro. Belaúnde precisó que esta hipótesis forma parte de las investigaciones y aún debe ser corroborada por las autoridades.
La revelación vuelve a poner bajo cuestionamiento el control de las cárceles frente a las comunicaciones de organizaciones criminales. El ministro reconoció que los penales continúan siendo utilizados para coordinar actividades ilícitas y señaló que el Gobierno busca reforzar los controles para impedir el ingreso de objetos prohibidos y reducir las comunicaciones clandestinas.
El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, confirmó que la Policía había recibido meses atrás información de inteligencia sobre la preparación de un posible secuestro, aunque en ese momento no se conocía quién sería la víctima.
El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo 30 de agosto, cuando delincuentes vestidos con prendas similares a las utilizadas por unidades policiales interceptaron el vehículo en el que viajaba Lara Tantaquilla junto con otras cuatro personas. Los cuatro acompañantes fueron asesinados y el empresario fue llevado por la fuerza.
La Policía mantiene entre sus principales líneas de investigación a las organizaciones criminales Los Pulpos y La Jauría. Las autoridades analizan cámaras de seguridad, desplazamientos de los vehículos y otros elementos para determinar cómo se ejecutó el operativo y quiénes participaron.
Mientras continúa la búsqueda del empresario, el Ministerio de Defensa informó que se coordinan acciones de inteligencia, rastreo y establecimiento de cercos con la Policía y las Fuerzas Armadas. El caso también reabre una pregunta crítica sobre la capacidad del Estado para impedir que las cárceles sean utilizadas como centros de coordinación del crimen organizado.
Redacción Pamela Amesquita
