Poder Judicial determina responsabilidad del colegio Lord Byron en caso de ultraje contra alumna
El Poder Judicial determinó responsabilidad del colegio Lord Byron en el caso de ultraje contra una alumna, al considerar que la institución educativa habría incumplido su deber de cuidado y supervisión frente a una situación que pudo ser evitada. Así lo informaron los abogados Javier Rospigliosi,y James Delgado quienes señalaron que la decisión marca un precedente importante para la protección de niños, niñas y adolescentes en centros educativos.
Según explicaron los letrados, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones concluyó que el colegio tenía la obligación de garantizar espacios seguros para sus estudiantes y de intervenir oportunamente ante conductas inadecuadas. En ese sentido, sostuvo que la responsabilidad de una institución educativa no se limita únicamente al lugar exacto donde se produce un hecho, sino también a la posibilidad que tuvo de prevenirlo mediante una mínima supervisión.
“Los colegios deben ser espacios libres de daño”, remarcó la defensa, al exhortar a las familias de colegios públicos y privados a exigir que se cumpla el deber de cuidado sobre los menores. Agregaron que las instituciones educativas deben permanecer vigilantes en aulas, patios, servicios higiénicos y demás ambientes donde los estudiantes desarrollan sus actividades.
Rospigliosi indicó que este caso se suma a otros procesos emblemáticos en Arequipa relacionados con colegios particulares que, según la defensa, habrían desatendido la protección de sus alumnos. Mencionó casos como el del colegio Max Uhle, donde una menor habría consumido sustancias nocivas y terminó con quemaduras; y el colegio El Pilar, donde una niña habría sido víctima de agresión o abuso verbal por parte de una madre de familia sin que la institución interviniera oportunamente.
En el caso del colegio Lord Byron, los abogados sostuvieron que hubo falta de atención y cuidado, debido a que no se habría actuado frente a conductas que pudieron generar una situación altamente dañina para la menor. Por ello, destacaron la resolución emitida por los jueces superiores Cecilia Aquise, Roger Pari y Banda Chávez, a quienes atribuyeron una decisión considerada histórica en materia de protección escolar.
Los padres de familia también pidieron que se cambie a la promotora de la institución, identificada como Lidia Medina, al considerar que se requieren medidas firmes para que no se vuelva a registrar un caso de abuso o desprotección contra ningún estudiante. Señalaron que no basta con reconocer responsabilidades, sino que deben adoptarse acciones concretas para garantizar la seguridad de los escolares.
La defensa indicó que el proceso continuará para determinar la reparación de los daños ocasionados. Asimismo, mencionó que el docente involucrado se encuentra prófugo y figura entre los más buscados, mientras los padres exigen que se establezcan responsabilidades y se evite cualquier forma de encubrimiento institucional.
Los abogados también denunciaron que, en este tipo de casos, se han encontrado con fiscales que, según afirmaron, habrían actuado de manera encubridora o poco diligente. Por ello, pidieron que las autoridades judiciales, educativas y administrativas actúen con mayor firmeza frente a denuncias de violencia escolar, abuso o negligencia institucional.
Asimismo, exhortaron a Indecopi a actuar con mayor rapidez en los casos donde se denuncian vulneraciones a los derechos de los escolares y presuntos incumplimientos del servicio educativo. Indicaron que las familias necesitan respuestas oportunas, pues la demora en los procedimientos puede generar mayor sensación de impunidad y desprotección.
Finalmente, hicieron un llamado a los padres de familia para que prioricen siempre el bienestar de sus hijos por encima del supuesto prestigio de una institución educativa. “Lo que importa son sus hijos”, señalaron, al recordar que existen protocolos de violencia escolar que deben ser activados de manera inmediata cuando se presenta cualquier situación de riesgo.
Redacción Luz FLor
