Consejero advierte avance de mafias y disputas por terrenos en Majes tras asesinato de dirigente vecinal
El consejero regional César Huamantuma expresó su preocupación por la situación de violencia que se viene registrando en el distrito de Majes, luego del asesinato de la presidenta de juntas vecinales de Majes, Livia Isabel Justo Quispe. La autoridad calificó el hecho como lamentable y advirtió que esta zona se estaría convirtiendo en “tierra de nadie” debido a las disputas por terrenos, invasiones y presuntas actividades delictivas.
Huamantuma señaló que es urgente la intervención del general de la Policía Nacional en todo este sector, debido a los constantes conflictos que se presentan en terrenos del Estado, predios de AUTODEMA, zonas en litigio y áreas que habrían sido vendidas de manera irregular a distintas familias.
El consejero recordó que hace aproximadamente tres semanas visitaron una zona cercana al vaso regulador, donde se habían registrado invasiones de terrenos. Según indicó, en aquella oportunidad exhortaron a la Municipalidad Distrital de Majes y a la Procuraduría a intervenir; sin embargo, sostuvo que hasta el momento el problema continúa. Ante ello, afirmó que ya se envió una carta a la Procuraduría Nacional para que tome acciones frente a estos hechos.
Huamantuma advirtió que este caso sería solo un ejemplo de lo que ocurre en Majes, donde la ocupación irregular de terrenos estaría generando enfrentamientos entre pobladores y la formación de grupos organizados. Además, indicó que incluso estarían llegando personas de otros lugares y ciudadanos extranjeros, situación que, a su criterio, incrementa el riesgo en la zona.
La autoridad regional señaló que no se trataría del primer hecho de violencia relacionado con conflictos por terrenos. Recordó que hace algunos meses se registraron enfrentamientos que también dejaron víctimas mortales, por lo que pidió que estos actos no se normalicen.
“No es normal que se pierdan vidas por disputas de terrenos. Aquí tiene que ponerse autoridad de manera conjunta: Policía, gobiernos locales, Municipalidad de Majes y Gobierno Regional”, sostuvo.
En esa línea, pidió al Consejo Municipal de Majes, al Gobierno Regional de Arequipa, a la Policía Nacional y a las autoridades competentes adoptar medidas drásticas contra la usurpación y la ocupación ilegal de predios estatales, al considerar que estos conflictos están generando inseguridad y temor entre la población.
El consejero también alertó sobre el avance de la delincuencia organizada en otras provincias de la región. Indicó que durante una visita a una obra del Gobierno Regional en una zona de Atiquipa, en Caravelí, donde se construye un puesto de salud, los residentes denunciaron presuntos actos de extorsión. Según dijo, se habría intentado impedir la contratación de trabajadores para luego exigir el pago de cupos.
Huamantuma señaló que conversó con el alcalde distrital de Chala, quien también le habría confirmado la presencia de este tipo de hechos. Advirtió que la violencia que se registra en Caravelí y Camaná podría intentar expandirse hacia Arequipa si no se actúa a tiempo.
“Todavía estamos a tiempo. No podemos permitir que extorsionadores que matan para cobrar cupos ingresen a Arequipa. Si no ponemos la seguridad como prioridad, podemos terminar como Lima o algunas zonas del norte del país”, advirtió.
Para el consejero, la seguridad ciudadana debe convertirse en el primer punto de agenda de las próximas autoridades regionales y locales. Sostuvo que sin seguridad no habrá inversión privada, no se generará empleo y la población vivirá con miedo, convirtiendo a la ciudad en un espacio inviable.
Asimismo, cuestionó la falta de liderazgo y articulación entre las autoridades. Indicó que en los últimos años se evidenció una separación entre el Gobierno Regional y algunas municipalidades, situación que, según dijo, termina favoreciendo a la delincuencia organizada.
Huamantuma también se refirió a la necesidad de fortalecer a la Policía Nacional con recursos adecuados. Mencionó que se adquirieron más de 100 camionetas que deberían ser entregadas y puestas al servicio de la ciudadanía, pero expresó su preocupación por que, aparentemente, estas unidades no contarían con el equipamiento necesario, como radios, cámaras y otros instrumentos indispensables para su operatividad.
Finalmente, sostuvo que la lucha contra la inseguridad debe involucrar al Gobierno Regional, municipalidades, Ministerio Público, Poder Judicial, empresa privada, sindicatos y ciudadanía organizada. Además, planteó como prioridades la culminación de la Escuela de la Policía, la implementación de laboratorios de criminalística y el fortalecimiento logístico de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.
Redacción Alexander Moreno
