Fiscalía de Flagrancia logra sentencia en menos de 36 horas por sustracción de cédulas de sufragio
El Distrito Fiscal de Arequipa, a través de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva, informó que obtuvo una sentencia condenatoria en menos de 36 horas contra un personero de una organización política que sustrajo 261 cédulas de sufragio durante la Segunda Elección Presidencial 2026, en la Institución Educativa «Mario Vargas Llosa«, ubicada en el distrito de Mariano Melgar.
De acuerdo con la investigación fiscal, el imputado aprovechó su condición de personero para apoderarse indebidamente del material electoral asignado a una mesa de sufragio. Tras detectarse la incidencia, se activaron de inmediato las diligencias de investigación dirigidas por la fiscal provincial Myrna Nathalie Corzo Carbajal y ejecutadas por el fiscal adjunto provincial Lizandro Thomas Quispe Soncco, con el apoyo de la Unidad Policial de Flagrancia y de los asistentes en función fiscal Cecilia Geraldine Vásquez Montoya, Lucero Mariela Huarcaya Ticona y Fernando Luis Barrientos Rivera.
Como resultado de las primeras diligencias, se logró determinar que las cédulas sustraídas habían sido retiradas del local de votación ocultas en una caja de alimentos. Posteriormente, durante las actuaciones de investigación, el material electoral fue ubicado y recuperado en la vivienda del investigado, permitiendo asegurar importantes elementos de convicción para el esclarecimiento de los hechos y la continuidad del proceso penal.
La rápida actuación de las autoridades permitió recabar las declaraciones de coordinadores de la ONPE y demás personas involucradas, así como realizar las diligencias urgentes necesarias para la acreditación del delito. Gracias a ello, en menos de 23 horas de ocurrido el hecho, el Ministerio Público presentó el requerimiento de proceso inmediato ante el Poder Judicial.
Posteriormente, durante la audiencia desarrollada ante el órgano jurisdiccional, se obtuvo una sentencia condenatoria en menos de 36 horas desde producida la incidencia electoral. El órgano jurisdiccional impuso al sentenciado una pena de cuatro años de pena privativa de libertad efectiva, la cual fue convertida en 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad al carecer de antecedentes penales y acogerse a los beneficios previstos por ley. Asimismo, cumplió con el pago de S/ 2,000 por concepto de reparación civil a favor de la Procuraduría Pública de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Redacción RSM
