Federación de Construcción Civil cuestiona detención de dirigentes sindicales
El secretario nacional de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, José Luis Chapa, informó que los dirigentes sindicales Lugue Espinoza y Juan Chicata, fueron detenidos y trasladados a la Prefectura de Arequipa. El dirigente cuestionó el procedimiento policial y sostuvo que la intervención se produjo mientras ambos salían de sus viviendas. Afirmó que la organización considera que estas acciones constituyen un seguimiento contra la actividad sindical y vulneran el derecho a la libertad sindical.
José Luis Chapa indicó que el conflicto se originó tras el despido de integrantes de los comités de obra y de seguridad y salud en el trabajo por parte de empresas constructoras. Señaló que estos trabajadores cuentan con protección de la legislación laboral y de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que responsabilizó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a la Sunafil de no fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales. Asimismo, sostuvo que las protestas realizadas por los trabajadores responden a la defensa de sus derechos y rechazó la criminalización de las movilizaciones sindicales.
Ante ello el dirigente precisó que la Federación respalda a los sindicatos afiliados, aunque dejó en claro que no avala actos de violencia. En ese sentido, condenó la agresión registrada contra una periodista. Además, anunció que la federación convocará a una reunión con los dirigentes de Arequipa para evaluar las acciones que asumirán en defensa de la libertad sindical y exigir el esclarecimiento de las detenciones. También expresó su malestar porque, pese al compromiso del Gobierno Regional de priorizar la contratación de trabajadores arequipeños, no se habría instalado una mesa de diálogo para abordar los despidos y el conflicto laboral.
Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Izcarra Pongo, explicó que la intervención de los dirigentes responde a una investigación dentro del marco legal. Si bien reconoció que la libertad sindical y el derecho a la protesta deben ser plenamente respetados, enfatizó que estas garantías no amparan actos de violencia contra personas o bienes. Señaló que existen videos en los que se observa presuntos daños a las instalaciones de la empresa APM y agresiones durante las manifestaciones, hechos que son investigados por el Ministerio Público. Agregó que será el Poder Judicial el que determine, conforme al debido proceso, si se configuró algún delito y la eventual responsabilidad penal de las personas involucradas.
Redacción Patty Mamani
