Fiscalía investiga a presunta organización criminal integrada por 55 personas por explotación ilegal de mina de sal en Piura
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura formalizó una investigación preparatoria contra la presunta organización criminal «Los Ilegales de la Mina de Sal Azul», integrada por 55 personas y que tendría como presunto cabecilla a Miguel Henry Zavaleta Amaya. El Ministerio Público investiga a los implicados por los presuntos delitos de organización criminal, usurpación y lavado de activos relacionados con la explotación de la Mina de Sal de Sechura y terrenos pertenecientes a la Comunidad Campesina San Martín.
De acuerdo con la Carpeta Fiscal N.° 38-2022, a cargo de la fiscal Verónica Velasco Rivera, la organización habría obtenido beneficios económicos mediante la explotación y comercialización irregular de sal, afectando el patrimonio comunal y alterando el orden público en la zona. La disposición fiscal sostiene que las actividades investigadas también habrían generado un complejo movimiento financiero que ahora será sometido a pericias especializadas.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía ordenó que Miguel Henry Zavaleta Amaya y los integrantes de la Junta Transitoria entreguen, en un plazo de 30 días, toda la documentación contable, administrativa y financiera vinculada a la explotación de la mina, además de informar las cuentas bancarias, billeteras digitales y demás mecanismos utilizados para recibir ingresos. El incumplimiento de esta disposición será considerado como un indicio de falta de colaboración con la investigación.
Asimismo, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de Piura realizará operativos inopinados y labores de inteligencia en la mina de Bayóvar para identificar el ingreso y salida de vehículos y personas relacionadas con las actividades investigadas. Paralelamente, el Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones de los investigados, así como la ejecución de pericias contables, financieras y ambientales para determinar el origen de los recursos económicos y el posible impacto ambiental generado.
La investigación comprende una disposición fiscal de 332 folios que reúne 87 hechos materia de investigación, entre ellos 49 operaciones relacionadas con el transporte de sal mediante tráileres y 38 eventos vinculados al presunto manejo de recursos obtenidos de la explotación minera. Las declaraciones de los investigados fueron programadas entre el 1 de julio y el 5 de agosto, mientras continúan las diligencias para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Redacción Pamela Amesquita
