Pataz es una provincia minera enclavada en los Andes liberteños, a más de 2,000 metros de altitud, con paisajes de terrazas agrícolas hoy invadidas por socavones ilegales. Con 13 distritos y más de 88 mil habitantes, se ha convertido en epicentro del conflicto entre minería formal e ilegal.

Más allá de su ubicación remota, Pataz es el segundo productor de oro del país, representando el 8.4% de la producción nacional. Lo que ocurre allí impacta directamente en la economía peruana, en el sistema tributario y, ahora, en la estabilidad del Estado de derecho.

Desde la fundación de Minera Poderosa en 1980, Pataz se consolidó como una potencia aurífera. La fiebre del oro atrajo inversiones, pero también a mafias armadas. Con el incremento global en el valor del oro, la zona se volvió más codiciada.

La producción nacional de oro en 2023 creció un 2.8%, y con ella, también la violencia. El oro, fuente de riqueza, se convirtió en causa de muerte en las zonas donde el Estado no tiene presencia efectiva.

El hallazgo de trece cuerpos acribillados en un socavón de Pataz no solo destapó la brutalidad de un crimen colectivo, sino que evidenció la profunda descomposición de las zonas mineras del país.

Las víctimas, trabajadores vinculados a la Compañía Minera Poderosa, fueron secuestradas, torturadas y ejecutadas a sangre fría, en un acto que no respondió al interés económico inmediato, sino al control del territorio. La masacre no fue un hecho aislado: fue el mensaje de una organización criminal que busca consolidar su poder frente a un Estado ausente, una Policía desbordada y un modelo de formalización minera que fracasó.

EL CRIMEN QUE REMECIÓ PATAZ

La ejecución de los trece mineros en un socavón fue más que un acto de crueldad. Según analistas en seguridad como Pedro Yaranga, se trató de una acción calculada para enviar un mensaje de poder. “Acá mandamos nosotros”. Los autores del secuestro, lejos de buscar un rescate económico inmediato, quisieron afirmar su dominio sobre el territorio y amedrentar a quienes pretendan seguir operando fuera de su control.

La presidenta Dina Boluarte declaró el toque de queda en Pataz, pero la respuesta tardía del Estado no borró la imagen de cuerpos masacrados en una mina que se suponía estaba resguardada. El crimen dejó claro que las organizaciones criminales han mutado: ya no solo extraen oro ilegal, ahora ejercen control armado del territorio minero.

Pedro Yaranga alertó sobre un cambio sustancial en el modus operandi criminal: los «parqueros», que antes robaban mineral, han sido reemplazados por clanes armados locales, violentos, que replican las tácticas del Tren de Aragua. Estos grupos están compuestos por gente de la misma región, que conoce la geografía y las rutas clandestinas.

Ahora, los secuestros son parte de una nueva lógica: ya no solo se busca oro, sino imponer miedo y obtener rescates millonarios. La vigilancia a trabajadores, el secuestro durante su jornada laboral y su posterior traslado a socavones ocultos es la nueva estrategia delictiva.

NUEVAS MEDIDAS, VIEJOS PROBLEMAS

Frente a la tragedia, el gobierno decretó la suspensión de actividades mineras por 30 días, impuso toque de queda e inició la instalación de una base militar tipo VRAEM en Pataz. Además, se dispuso la exclusión del REINFO a mineros suspendidos. Sin embargo, las dudas sobre la efectividad de estas medidas abundan.

Pablo de la Flor, representante de Minera Poderosa, advirtió que la Policía ha reconocido no tener ni el equipo ni la capacidad operativa para enfrentar a estas bandas en galerías subterráneas.

SIN ESTRATEGIA

Koki Noriega, gobernador regional de Áncash y presidente de la ANGR, expresó su opinión de manera tajante: “El Mininter no tiene estrategia. No sabe a dónde va”. Criticó que los gobiernos regionales y locales no sean convocados por el Ministerio del Interior para diseñar planes conjuntos.

Pese al estado de emergencia en Pataz, no se han logrado capturas significativas ni desarticular bandas. Esto solo refuerza la percepción de un Estado desorganizado y reactivo, que responde con medidas simbólicas, pero sin operatividad real.

ENTRE FORMALES E ILEGALES

La violencia en Pataz no es casual, es la consecuencia de una guerra abierta entre la minería formal y la ilegal. Mientras las empresas formalizadas pagan tributos, generan empleo y se someten a estándares ambientales, los grupos ilegales operan al margen de la ley, sin control y con protección de redes criminales.

El REINFO, creado para facilitar la formalización, se ha convertido en un escudo legal para operaciones ilícitas. El resultado: zonas liberadas, donde la ley es impuesta por quien tiene más armas, y los trabajadores son blanco de ajustes de cuentas entre bandas.

“HAY QUE PERSEGUIR A LOS CRIMINALES, NO CASTIGAR A LOS MINEROS”

Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), criticó la suspensión temporal de actividades mineras tras la masacre. A su juicio, la medida castiga a quienes ya sufren las consecuencias del crimen. “La paralización puede convertirse en una doble sanción para los mineros formales y en vías de formalización, que ya están amenazados”.

Vinatea propuso una salida más estructural: eliminar el REINFO, crear una autoridad similar a DEVIDA para enfrentar la minería ilegal y otorgar facultades legislativas al Ejecutivo, pero enfocadas directamente en este problema.

DELEGACIÓN DE FACULTADES: OPORTUNIDAD O RIESGO

El pedido del Gobierno para legislar por decreto ha generado polémica. Para el IIMP, es necesario siempre que se enfoque de forma concreta en combatir la minería ilegal. Si el Congreso aprueba esta delegación sin precisión, se corre el riesgo de legislar sobre “terrorismo urbano”, lo que no corresponde a la realidad rural de Pataz.

Gustavo Vinatea plantea incluso una nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala, y la eliminación definitiva del REINFO como herramienta de cobertura para ilegales. El desafío está en un Congreso fragmentado, pero es la única vía para ordenar el caos.

TESTIMONIO DE QUIENES TAMBIÉN ENFRENTAN LA MINERÍA ILEGAL

La tragedia de Pataz ha despertado ecos en otras zonas del país. Desde Arequipa, el alcalde del distrito de Cahuacho, José Neira Rospigliosi, y la presidenta del Frente de Defensa de Nauquipa, Yeni Castañeda, denunciaron un patrón común: amenazas, balaceras, minería ilegal en zonas protegidas y una total inacción del Estado.

Neira Rospigliosi relató que fue víctima de reglaje, su municipio rodeado por camionetas con hombres armados, incluso con presencia de exmilitares. “Esto parece un cuento, pero es real. No hay ninguna autoridad que nos proteja. Han disparado contra la camioneta de un familiar del Frente de Defensa”.

Yeni Castañeda, por su parte, vive bajo amenazas de muerte. “Me dieron 24 horas para dejar el cargo. La población tiene miedo, no quiere declarar, porque ven a estos tipos armados. Esto no es solo minería ilegal, es criminalidad organizada”.

Ambos coinciden en que los responsables operan en zonas intangibles con aparentes permisos sin sustento, amparados por la debilidad del Estado.

El asesinato de trece trabajadores en Pataz no es un hecho aislado, sino el punto más alto de una violencia sistemática que ha sido ignorada por años. La minería ilegal ha creado un ecosistema de crimen que ya no solo afecta al medio ambiente o a la economía, sino que mata.

Hoy, Pataz es el símbolo de un Estado ausente y una ciudadanía atrapada entre la informalidad y la muerte. Las voces de alcaldes, expertos, empresarios y pobladores lo repiten: sin presencia real del Estado, sin reforma del REINFO, sin coordinación entre fiscalía, policía y poder judicial, la violencia continuará.

Y cada nuevo asesinato será otro recordatorio de que el oro, en Perú, muchas veces se extrae con sangre.

Redacción Paolo Silva