Fiscalía amplía investigación contra jefe de la PNP por uso irregular de policías y dinero donado por minera
La Fiscalía Anticorrupción ha cerrado la primera etapa de la investigación contra el actual comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo, junto a otros oficiales, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, colusión, peculado doloso y otros. Los hechos se remontan al año 2020, cuando policías fueron retirados de sus funciones de patrullaje para realizar labores de albañilería en el patio del complejo policial de la Región Policial de Arequipa, una tarea que debía ser asumida por personal civil contratado para tal fin.
El caso, sin embargo, ha cobrado una nueva dimensión. La Fiscalía decidió ampliar la investigación luego de detectar irregularidades en la donación de 17,600 soles realizada por la empresa minera La Soledad SAC, dinero que, según la versión oficial, debía ser utilizado para cubrir el pago de los supuestos albañiles. Pero los trabajos, como ya ha podido verificar el Ministerio Público, fueron ejecutados en su mayoría por agentes policiales que no fueron remunerados, salvo un pago parcial al albañil Claver Colquehuanca, quien recibió 4,300 soles y aún reclama 200 soles pendientes. El destino del resto del dinero permanece sin esclarecer.
El 10 de noviembre de 2020, según la carpeta fiscal, el representante de la minera, Errol Carpio Yzaguirre, acudió personalmente a la oficina del entonces jefe policial de Arequipa, Víctor Zanabria, para entregar el monto solicitado. El dinero habría sido recibido por Francis Alarcón Gallegos, hoy prefecto de Arequipa y coronel en retiro, quien se encontraba en la misma oficina en el momento de la entrega. Ninguno de los involucrados rindió cuenta formal de los fondos, lo que para la Fiscalía constituye un indicio claro de apropiación ilícita de recursos.
Tanto Zanabria como Alarcón fueron citados este lunes por el fiscal anticorrupción Arturo Valencia Paiva para responder por estos hechos, pero ambos no acudieron a declarar, sin presentar justificación. El Ministerio Público considera que este episodio no solo compromete la imagen institucional de la Policía Nacional del Perú, sino que revela el uso arbitrario de personal y recursos públicos, en un contexto que evidencia debilidades sistémicas de control interno.
El hecho de que quince agentes de la sección de patrullaje fueran retirados de sus labores preventivas en las calles para cumplir tareas de construcción dentro de una sede institucional, con fondos de origen cuestionado, da cuenta de un patrón de gestión irregular y opaco. El proceso sigue en curso, y la Fiscalía busca determinar con precisión el destino del dinero donado, así como las responsabilidades individuales y jerárquicas en el manejo de estos recursos, que nunca debieron escapar del escrutinio ni de la rendición de cuentas.
Redacción Pamela Amesquita
