Clases virtuales frente al paro: una solución práctica que deja preguntas abiertas
El paro de transporte del pasado jueves 10 de abril paralizó parte importante de Lima y Callao. La circulación vehicular disminuyó drásticamente y muchas personas no pudieron llegar a sus centros de trabajo. En ese escenario, uno de los mayores desafíos era garantizar la continuidad del servicio educativo.
Y fue precisamente lo que ocurrió. Según datos del Ministerio de Educación, el 98 % de los más de 2,000 colegios públicos de Lima Metropolitana optó por la modalidad virtual. En el sector privado, el 97,5 % de las 5,981 instituciones registradas dictaron clases a distancia. En el Callao, la totalidad de las instituciones públicas y privadas también migró a la virtualidad.
Estas cifras evidencian una capacidad de respuesta destacable. Docentes, directivos, estudiantes y familias hicieron un esfuerzo por sostener el vínculo educativo pese a la adversidad. En muchos casos, se trató de una solución rápida, casi artesanal, pero efectiva.
Sin embargo, la emergencia también deja preguntas abiertas. ¿Todos los estudiantes accedieron realmente a esa educación remota? ¿Qué sucede con quienes no tienen conectividad, dispositivos adecuados o condiciones mínimas en sus hogares para asistir a clases virtuales?
Desde una mirada de fe y justicia social, este tipo de episodios nos interpelan: la tecnología puede ser una herramienta poderosa, pero no puede convertirse en una barrera. La equidad debe estar al centro de cualquier política educativa, más aún en contextos de crisis.
En el nivel universitario, 33 de las 39 instituciones de Lima optaron también por la virtualidad. Algunas, como la Universidad Nacional de Barranca y la Universidad Peruana Unión, mantuvieron su actividad presencial. Cada decisión responde a realidades distintas, pero plantea la necesidad de protocolos claros y flexibles para cuidar tanto el derecho a la educación como el bienestar de la comunidad universitaria.
Por otro lado, el Ministerio informó avances en el diálogo con los estudiantes que mantienen tomada la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Cuatro de los siete puntos en agenda ya han sido consensuados, con el acompañamiento de Cáritas como mediadora. En un contexto donde el conflicto amenaza con convertirse en rutina, el diálogo aparece como el único camino legítimo y esperanzador.
Finalmente, el ministro Morgan Quero alertó sobre 82 denuncias relacionadas con la seguridad en colegios privados de Lima y Callao, algunas vinculadas incluso con extorsión. Frente a esto, se han intensificado las capacitaciones a directores y se ha reforzado la vigilancia con apoyo de la Policía Nacional.
Si bien el sistema educativo respondió con rapidez, el episodio nos recuerda que no basta con garantizar continuidad: es necesario asegurar dignidad educativa para todos. Que nadie quede atrás. Que cada estudiante, más allá de su condición, encuentre en la escuela —física o virtual— un espacio seguro, humano y transformador.
Pamela Amesquita
