Gobierno promulga ley que refuerza control sobre ONG
El Ejecutivo oficializó la modificación de la Ley N.º 27692, conocida como “ley anti-ONG”, norma que amplía las facultades de fiscalización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sobre las organizaciones que reciben cooperación técnica internacional no reembolsable. La disposición fue publicada en el diario oficial El Peruano.
Con la nueva normativa, las organizaciones están obligadas a reportar detalladamente el destino de los fondos recibidos, incluyendo planes, proyectos y gastos, a través de un sistema público de acceso para autoridades. El Gobierno sostiene que esta medida responde a la necesidad de promover una mayor transparencia y supervisión en el uso de recursos provenientes del extranjero.
La presidenta de la República respaldó la promulgación al calificarla como un “paso firme y decidido” hacia la rendición de cuentas, argumentando que el control estatal es parte del ejercicio de un Estado soberano y constitucional. Sin embargo, diversas organizaciones civiles han expresado su preocupación por un posible sesgo autoritario en la normativa.
Eduardo Cáceres, representante de la Asociación Nacional de Centros, advirtió que esta reforma no sería un hecho aislado, sino parte de un conjunto de decisiones que podrían restringir el trabajo independiente de las ONG. En respuesta, varias organizaciones evalúan iniciar acciones legales, tanto a nivel nacional como internacional.
Entre las alternativas planteadas, no se descarta recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si se considera que la norma vulnera derechos fundamentales. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que la ley busca fortalecer la supervisión del Estado sin interferir con la libertad de asociación ni los fines sociales de estas entidades.
Redacción Pamela Amesquita
