Congreso abre proceso contra fiscal de la Nación por no reponer a Patricia Benavides
Con 11 votos a favor, 4 en contra y una abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó este lunes admitir a trámite una denuncia contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos (JFS), por presuntamente no cumplir una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.
La denuncia impulsada con el respaldo mayoritario de bancadas como Fuerza Popular, APP y Renovación Popular los acusa de incurrir en desobediencia a la autoridad y violación de la Constitución, específicamente de los artículos 43 y 45 sobre el respeto al orden constitucional y la supremacía del poder del Estado.
Delia Espinoza, junto a los fiscales supremos Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos, habrían desacatado la resolución que buscaba restituir a Benavides en sus funciones, según los denunciantes. No obstante, la SAC descartó acusarlos por usurpación de funciones, al no considerar que el hecho constituya un delito de función.
El caso ahora pasará a la Comisión Permanente, que decidirá si el proceso sigue adelante. Si se aprueba, la Subcomisión tendrá 15 días hábiles para elaborar un informe final.
Este proceso surge en un contexto de tensión institucional entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia, y podría interpretarse como un nuevo capítulo en el intento del Parlamento por interferir en el sistema fiscal, especialmente tras las acciones que Benavides enfrentó por presuntas redes de corrupción al interior del Ministerio Público.
Votaron a favor congresistas de línea dura como Martha Moyano, Patricia Chirinos, Jorge Montoya y Milagros Jáuregui, entre otros. Se opusieron miembros de bancadas progresistas como Jorge Coayla y Pasión Dávila. El documento fue aprobado bajo la presidencia de María Acuña (APP).
De continuar el proceso, la fiscal de la Nación podría ser sancionada constitucionalmente o incluso inhabilitada. Esto no solo afectaría la autonomía del Ministerio Público, sino que abre la puerta a una reconfiguración institucional impulsada desde el Congreso.
Redacción Pamela Amesquita
