Entre la formalización fallida y la exclusión minera

En el 2023 la plataforma del estado Peruano, nos mencionaba que “Arequipa logró avanzar significativamente en la formalización de la pequeña minería y minería artesanal”, pero la realidad de hoy en día es otra, ya el Decreto Supremo N.° 012-2025, cierra el proceso de formalización minera integral para pequeña minería y minería artesanal, extendiendo por “última vez” el plazo hasta el 31 de diciembre de 2025.

La discusión sobre la formalización minera ha encendido luces de alarma y despertado tensiones que escapan de las oficinas y se trasladan a la carretera Panamericana Sur. La prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), oficializada por el Decreto Supremo N.º 012‑2025, no ha funcionado como bálsamo calmante.

Al contrario, ha evidenciado una brecha tan amplia como los tajos de las minas artesanales, en donde, de los 16 255 inscritos en la región, apenas 3 852 mantienen su trámite vivo; más de 12 400 fichas yacen suspendidas y solo 1 800 concesiones han logrado cerrar formalmente el proceso iniciado hace ya casi dos años.

Protestas en la Panamericana Sur

En la mañana del lunes 30 de junio, un grupo de mineros artesanales decidió transformar el kilómetro 782 de la Panamericana Sur en un escenario de protesta indefinida. Con frazadas extendidas sobre el pavimento y pancartas que reclamaban “plazos indefinidos” y la aprobación de la Ley MAPE, bloqueando ambos carriles del puente Ocoña, en la provincia de Camaná.

Alegaban que, sin un registro vigente, más del 80 % de sus compañeros quedarían fuera de la legalidad, condenándolos a la informalidad y el desempleo. “Si los plazos se vencen, ¿de qué vamos a vivir? ¿O vamos a morir de hambre?”, preguntó Froilán Salas, dirigente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), con la voz cargada de urgencia.

El ministro de Energía y Minas defendía la medida en Lima como un esfuerzo final por poner “coto” a un proceso que ya acumulaba demoras, pero los mineros señalan el refrán antiguo: un dicho “facilitador” no basta si el trámite se atasca en la burocracia. Luciano Taco Prado, gerente regional de Energía y Minas de Arequipa, admite que el fondo de S/ 275 135 asignado para formalización solo alcanzará para cubrir gastos de julio y agosto, y que gran parte de los 4 000 expedientes ingresados a inicio de 2024 sigue observada por la Gerencia Regional Ambiental (GRAM).

“Nosotros damos trámite inmediato a todo expediente con Igafom aprobado”, afirma Taco Prado, refiriéndose al Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización (IGAFOM), pero el dato crudo revela otro panorama en donde la GRAM tenía la meta de aprobar 300 IGAFOM  en 2024 y apenas alcanzó un tercio de esa cifra.

El exgerente regional de Energía y Minas, Iván Prado Barreto, alertó que la institucionalidad falla: “Encontré expedientes que estaban seis años en revisión en la Gerencia Ambiental. Nunca hubo interés real por formalizar.”

Y su señalamiento apunta incluso a redes de corrupción. “Trabajadores o exgerentes asesoraban a los mineros para buscar vacíos en la norma y seguir operando fuera de la ley”, mencionó Prado Barreto.

En la disputa yace un problema tangible,  “el contrato de explotación”. Casi la totalidad de los Reinfos registrados corresponde a mineros que extraen en concesiones ajenas en donde, un 97 %, según cifras de Confemin, y la titularidad del terreno depende de la firma de un acuerdo con los concesionarios, que no aceptan condiciones de regalías ni de comercialización que consideren justas.

“El minero no firmaría un contrato que le genere pérdidas”, explica Adolfo Franco Bequer, dirigente de Confemin, y propone como alternativa el derecho de servidumbre: “Si una concesión no ha sido explotada, el Estado debería conceder ese derecho al minero artesanal, y este pagaría regalías al titular original.”

Mientras tanto, el Dr. Miguel Ángel Linares, profesor de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Católica San Pablo, dibuja otro contorno de la problemática: “El Reinfo nació para ordenar la minería artesanal, pero adolece de vacíos normativos y falta de recursos para la supervisión. Un gerente admitió no tener camionetas ni personal para fiscalizar 395 minas. Es un fracaso absoluto de la formalización.”

Linares distingue entre informalidad e ilegalidad, y advierte el uso indiscriminado de explosivos y mercurio sin control: “Eso simplemente cruza la línea hacia la ilegalidad y, además, provoca deforestación y contaminación de ríos, con poblaciones consumiendo agua y peces cargados de metales pesados.”

Aun así, la producción informal es un actor económico que no se puede obviar: la Confederación calcula que la minería artesanal aporta el 56 % de todo el oro nacional, con 500 000 mineros artesanales, de los cuales 87 000 están inscritos en el Reinfo y solo 2 000 han culminado la formalización en todo el país. En Arequipa, apenas 400 de los 4 000 casos con inscripción vigente han encontrado su resolución final, beneficiando a unas 1 400 familias.

Esa cifra contrasta con las cifras oficiales de la GREM, en donde 220 formalizados en 2024, lejos de la meta regional de 1 000, y solo 140 mineros artesanales recibieron su resolución de formalización en diciembre pasado, junto con 19 títulos de concesión minera otorgados a empresas y asociaciones.

La secuencia de sucesos revela una fractura más profunda que el subsuelo: la política y la técnica no caminan al mismo ritmo. El reglamento publicado el 18 de mayo de 2025, casi un año después de la Ley 32213 promulgada por Dina Boluarte, crea el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) para trazar minerales y explosivos, y permite heredar el Reinfo de padres a hijos, una medida que ha encendido polémica en el Congreso. La propuesta de Ley MAPE duerme en las comisiones, criticada por reproducir los mismos vacíos del Reinfo y obviar la protección de áreas naturales.

En este tablero, la movilización social se ha barajado como la principal ficha de presión. Durante el bloqueo en Camaná, los manifestantes anunciaron su intención de permanecer “hasta que se derogue el decreto”. Sin una ruta clara de diálogo ni acompañamiento técnico, el paro podría convertirse en un capítulo más de las carreteras obstruidas que ya han marcado la historia del sur.

El 80 % de los inscritos en el Reinfo que no han presentado ningún requisito se encuentran ya en un limbo legal. Según lo establecido por el decreto, serán excluidos los que no evidenciaron avances entre junio de 2024 y junio de 2025. A solo cinco meses del cierre definitivo, las provincias de Caravelí, Condesuyos y Camaná concentran los mayores riesgos de exclusión del proceso de formalización.

Desde Lima, el Ministerio de Energía y Minas pretende asumir un rol mediador, según declaraciones del director de Formalización Minera, Máximo Gallo, quien reconoce la “tarea difícil” de recuperar lo que no se hizo en más de una década.

Gallo asegura que ya identificaron a 4 000 mineros a nivel nacional que podrían formalizarse en dos meses y busca acuerdos con asociaciones de Alto Molino y Secocha para encauzar contratos. Sin embargo, el obstáculo de fondo persiste, la resistencia de los concesionarios a suscribir acuerdos bajo condiciones justas y la falta de una ley robusta que simplifique el trámite, ofrezca incentivos y distribuya equitativamente cargas y beneficios.

Arequipa, que en 2023 fue la región que más avanzó en formalización a nivel nacional, hoy se ve atrapada entre metas incumplidas y una prórroga que apenas dilata un problema estructural. La informalidad persiste, la ilegalidad amenaza con infiltrarse en un sector sin controles suficientes, y el futuro de miles de familias artesanales depende de la voluntad política para redefinir plazos, recursos y reglas.

Con seis meses por delante antes de la fecha límite, el Gobierno Regional de Arequipa necesita más que nunca concretar transferencias presupuestales y fortalecer la GRAM para desbloquear expedientes.

El Ministerio de Energía y Minas debe asumir un liderazgo activo, no basta con “mediar”, es preciso redefinir los incentivos, asegurar la supervisión y garantizar que los mineros artesanales dejen de ser un fantasma económico para convertirse en agentes formales de desarrollo.

Redacción Marisol Ciñane