Una madre que da la espalda a sus más de 33 millones de hijos
“Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y postrecito”, y “se merecen estar presos los que roban la plata al pueblo”, fueron palabras de la presidenta Dina Boluarte en declaraciones públicas.
Sin embargo, el pasado 2 de julio de 2025, el mismo Consejo de Ministros que respalda esas sentencias aprobó un decreto supremo que eleva su salario de S/ 16 000 a S/ 35 568 mensuales, más del 122 % de incremento, vigentes desde su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Si la jefa del Estado cree que con “10 solcitos” muchos peruanos se conforman, su planilla demuestra todo lo contrario, el salario mínimo oficial, de apenas S/ 1 130, no alcanza para cubrir la canasta básica, y más del 70 % de la fuerza laboral carece de beneficios.
Mientras el grueso de la ciudadanía sueña con un reajuste digno, el Ejecutivo decide duplicar con creces el sueldo presidencial. Esa paradoja no es sólo matemática, sino que también es símbolo de una desconexión alarmante entre la torre de marfil de Palacio y la calle donde se pronuncian esas mismas frases.
La justificación del Ministerio de Economía, basada en un estudio comparativo con 12 países de la región y en criterios de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), suena lejana y poco convincente frente a los reclamos urgentes del país.
Mientras, médicos piden equipos y medicamentos, la minería busca la formalización y el pueblo pide seguridad, el gobierno responde con tecnicismos. Convertir la política en números y cuadros de Excel es olvidar que gobernar también implica empatía, prioridades y compromiso con la gente.
Con S/ 35 568 al mes, unos US $9 963, Boluarte se ubica como la segunda mandataria mejor remunerada de Sudamérica, solo por detrás de Uruguay. Esa posición contrasta con la realidad de millones que trabajan sin contrato y con un rechazo presidencial que supera el 90 %. Peor aún, el informe técnico que sustenta el aumento permanece bajo confidencialidad, y el Congreso no ha mostrado voluntad real de revertir la medida.
Legalmente inatacable, el decreto carece de legitimidad social. La justicia en democracia se mide en la percepción de equidad, no solo en la letra fría de una norma. Un presidente debe calibrar su retribución con el mismo rigor que exige el sacrificio de quienes levantan el país cada día.
En el Perú del 2025, este aumento no será un simple dato estadístico, se recordará como otra señal de elitismo y desencuentro. Y cuando se pregunte por qué la confianza en las instituciones sigue en caída libre, bastará con escuchar esas frases presidenciales, “Con 10 solcitos…” y “se merecen estar presos…” para entender que, en esta historia, la brecha entre gobernantes y gobernados es, hoy más que nunca, insalvable.
Redacción Marisol Ciñane
