Congreso acelera debate de Ley MAPE en medio de protestas y críticas por favorecer a la minería ilegal
En plena crisis por los bloqueos de carreteras ejecutados por mineros informales, la Comisión de Energía y Minas del Congreso convocó a una sesión extraordinaria para debatir y votar, de manera apresurada, el predictamen de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), la agenda, inicialmente destinada a escuchar a los ministros del sector, fue modificada a última hora para avanzar con la votación del texto legislativo, generando cuestionamientos incluso dentro del propio Parlamento.
Según la vicepresidenta de la comisión, Diana Gonzales (Avanza País), la convocatoria responde a presiones de grupos de mineros informales que exigen la creación de un nuevo registro sin condiciones reales de formalización. “Esta sesión es improvisada y solo busca atender la presión de un grupo que no tiene voluntad de formalizarse”, advirtió, la iniciativa pretende reemplazar el Reinfo por el RENAPMA, un registro más permisivo que podría abrir la puerta al blanqueo de actividades ilegales.
El proyecto plantea que cualquier persona pueda inscribirse con solo presentar su DNI, el RUC y las coordenadas geo-referenciales del terreno explotado, además, no exige cumplir plazos, ni contar con autorizaciones ambientales, de uso de explosivos, ni con medidas de seguridad para los trabajadores. Incluso se permitiría el registro de quienes operan en zonas prohibidas, para expertos en el tema, esto significaría institucionalizar la informalidad y debilitar el control del Estado sobre la actividad minera.
La votación de esta propuesta se da mientras más de 50 mil mineros fueron excluidos del Reinfo por no avanzar en su formalización durante años. En vez de corregir las falencias del sistema, el predictamen parece premiar la informalidad y legitimar el desorden. La presión política y el oportunismo legislativo amenazan con dejar al país sin una política seria para enfrentar la minería ilegal, un flagelo que sigue degradando el medioambiente, generando violencia y debilitando el Estado de derecho.
Redacción Pamela Amesquita
