Sector de Agricultura afectado nuevamente
El 10 de julio amaneció con papas varadas, cebollas en riesgo de pudrirse y una incertidumbre que crecía en los valles agrícolas de Arequipa. Las principales vías de la región, especialmente la carretera Panamericana Sur, bloqueada a la altura de Chala, Ocoña y Alto Siguas desde fines de junio, siguen cerradas por mineros artesanales que exigen más tiempo para su formalización en el REINFO. La protesta, que lleva más de una semana, ha paralizado el transporte de productos agrícolas desde zonas clave como Majes, el valle de Tambo, Castilla y Camaná, generando pérdidas que se acumulan bajo el sol y el silencio institucional.
“No podemos cosechar si no hay a quién vender”, advierte con resignación Orlando Huanqui, presidente de la Junta de Usuarios de Agua de Arequipa. Los agricultores de la región enfrentan una caída brutal en el precio de productos perecibles como la papa y la cebolla, que pasaron de S/ 0.90 a menos de S/ 0.50 por kilo. La razón: los camiones siguen varados y la cadena de distribución está rota. De continuar así, cerca de 25 mil productores arequipeños dejarán de cosechar porque la mano de obra ya no compensa la pérdida. El campo se paraliza, no por falta de producción, sino por la imposibilidad de hacerla llegar a los mercados del norte y Lima.
No era la primera vez que una protesta minera dejaba sin alimento a los pueblos de la costa arequipeña. En noviembre de 2024, la localidad de Chala, ubicada en la provincia de Caravelí, vivió una crisis similar: más de 25 mil habitantes quedaron sin pollo, verduras ni agua potable por el bloqueo de la Panamericana Sur. “Este pueblo no produce agricultura, todo llega de Arequipa o Lima. El agua se reparte en cisternas, y hacemos denodados esfuerzos por mantener el abastecimiento”, declaró entonces a RPP el alcalde distrital, Agustín Condori. Los paros escalonados, cada ocho o doce horas, solo agravaban la tensión: se suspendieron clases, escaseaban productos básicos y los enfrentamientos verbales entre manifestantes y pasajeros se intensificaban ante una escasa presencia policial. Incluso en la ciudad de Arequipa, los precios de las frutas subieron entre S/ 0.50 y S/ 1, mientras el GLP superaba los S/ 8 por galón por la demora de las cisternas en llegar a los grifos.
El bloqueo de vías y el impacto sobre la agricultura son tan recurrentes como alarmantes. En abril de 2025, el valle de Tambo, en la provincia de Islay, volvió a convertirse en epicentro de una crisis agraria por la protesta contra el proyecto minero Tía María. Según el gerente regional de Agricultura, Helard Nina Pachauri, los agricultores de la zona vieron reducidos entre un 2 % y 3 % sus ingresos económicos, debido a la imposibilidad de transportar y comercializar productos como la cebolla, cuya cosecha se encontraba en curso, y el arroz, cuya campaña estaba por empezar. Aunque no se registraron pérdidas directas en las cosechas en ese momento, el funcionario advirtió que, si la huelga persistía, las consecuencias serían graves para los productores. A ello se sumaba el bloqueo de la vía costanera, que amenazaba con cortar el ingreso de productos a la ciudad de Arequipa, agravando una cadena logística ya frágil.
A medida que la paralización de vías continúa, también se elevan las voces del sector agrario a nivel nacional. El 10 de julio, la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP) emitió un enérgico pronunciamiento rechazando los bloqueos provocados por mineros informales. En el comunicado, AGAP calificó estas acciones como un delito que vulnera el derecho constitucional al libre tránsito, y advirtió que las consecuencias no solo son económicas, sino también sociales y humanitarias. Según el gremio, miles de toneladas de productos agrícolas se encuentran varadas, con pérdidas irreversibles tanto para pequeños como grandes productores. Se mencionó que incluso se han puesto en riesgo contratos de exportación y que el alza de precios por desabastecimiento ya es evidente en los mercados nacionales. AGAP también exhortó al Ejecutivo, al Ministerio Público y al Poder Judicial a intervenir de forma inmediata para restablecer el orden y sancionar a los responsables, subrayando que la estabilidad económica y la seguridad alimentaria del país no pueden quedar en jaque por decisiones ilegales que atentan contra el sustento de millones de peruanos.
Mientras los días pasan y las vías siguen bloqueadas, el campo peruano acumula pérdidas que no solo se miden en soles, sino en frustración y desgaste. Las voces de agricultores de Arequipa, Tacna, Islay y otras regiones afectadas coinciden en un mismo clamor: el Estado debe actuar con firmeza, pero también con sensatez. El precio de la inacción es alto. Cada camión detenido, cada cosecha perdida, cada litro de leche derramado representa no solo una merma económica, sino un golpe a la estabilidad alimentaria y emocional de miles de familias. El Perú agrícola, ese que nunca dejó de trabajar ni en pandemia, hoy se siente asfixiado, atrapado entre la indiferencia política y una protesta que, aunque legítima en sus orígenes, ha cruzado límites que vulneran derechos y destruyen el esfuerzo del campo. La solución no puede postergarse más: desbloquear las carreteras es urgente, pero también lo es restituir la confianza en un país que necesita reconciliar producción con justicia, y protesta con responsabilidad.
Redacción David Mendez
