Justicia a medias en el caso Nolasco
Las raíces de esta tragedia se hunden en marzo de 2014, cuando Ezequiel Nolasco Campos, exconsejero regional de Áncash y férreo denunciante de irregularidades en obras públicas, recibió el disparo que le costaría la vida. Su único “delito” había sido poner el dedo en la llaga de contratos inflados y desvío de fondos por parte de la gestión de César Álvarez.
Desde entonces, la investigación de la Fiscalía reveló un entramado que iba más allá de un homicidio aislado, apuntó a una organización criminal encabezada por el propio expresidente regional, acusado de repartirse coimas millonarias a través de licitaciones amañadas y supervisiones ficticias. Documentos bancarios, declaraciones de testigos protegidos y cuentas offshore sirvieron de prueba para sustentar la imputación por asociación ilícita.
En 2018, el Poder Judicial condenó a Álvarez a 35 años de prisión, 25 por homicidio calificado y 10 por el delito de organización criminal. Sin embargo, tras recursos y revisiones, el caso escaló a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, donde se ventilaba una doble cuestión jurídica: la veracidad de las pruebas sobre el asesinato y la vigencia del delito de asociación ilícita.
El fallo de la Corte Suprema confirma hoy el trabajo de recolección probatoria que acreditó la autoría intelectual de Álvarez en el asesinato de Nolasco, pero reconoce que el paso del tiempo, entre las primeras denuncias formales de la Fiscalía en 2015 y la sentencia definitiva, extingue la acción penal por asociación ilícita. Por ello la condena en ese punto “prescribió”, quedando firme únicamente la pena por homicidio.
No es el único que ve limitadas sus responsabilidades. Luis Arroyo, exalcalde provincial, y Rubén “Goro” Moreno, supuesto enlace de la red criminal, mantienen condenas cercanas a 30 años, pero también pierden parte de las acusaciones por prescripción. En cambio, Cristhian Cruzate Pereda, quien confesó haber apretado el gatillo, conserva íntegra su pena de 35 años y nueve meses al no beneficiarse de ninguna atenuante procesal.
A lo largo de este periplo legal, los deudos de Nolasco denuncian desgaste: “Cada retraso diluye la justicia que buscamos”, reclama su hermana. Para los analistas, este ajuste judicial envía un mensaje ambiguo, revaloriza la evidencia testimonial y documental del asesinato, pero pone en cuestión la capacidad del sistema para procesar con celeridad delitos complejos de corrupción organizada.
La reducción de la condena no borra la magnitud de lo ocurrido, un consejero asesinado por defender la transparencia, un expresidente regional despojado de su inmunidad, y decenas de millones de soles aún bajo sospecha de haber sido malversados.
Redacción Marisol Ciñane
