Violencia sexual infantil en Arequipa: más niñas obligadas a ser madres y un Estado que llega tarde
La región Arequipa registra este año una cifra más alarmante que la anterior: 353 menores se convirtieron en madres como consecuencia de violencia sexual. Los datos de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva revelan un incremento sostenido que evidencia fallas profundas en la prevención, la detección y la protección de niñas y adolescentes. Solo entre enero y la fecha, 201 niñas de 13 y 14 años fueron obligadas a dar a luz bebés prematuros, una situación que no solo vulnera su integridad física, sino que refleja la ausencia de intervención oportuna antes de que los abusos se repitan o se consumen.
La funcionaria Juana Vilca Puma precisó que también se registraron 96 partos en adolescentes de 17 años y 56 en jóvenes de 16, cifras que confirman que el problema se extiende en toda la etapa escolar. En comparación con los 289 casos del 2024, el aumento de este año revela que las estrategias estatales no están funcionando, o que llegan demasiado tarde para las víctimas. El incremento preocupa no solo por su magnitud, sino por la normalización de la violencia sexual en entornos donde debería existir protección absoluta.
Más grave aún es el perfil de los agresores: la mayoría pertenece al propio círculo familiar. Primos, tíos y otros parientes cercanos son identificados como responsables de estos abusos, lo que explica por qué muchos casos no se denuncian a tiempo. La violencia se oculta tras vínculos afectivos y dependencias económicas que dificultan romper el silencio. Esta situación demanda una intervención que vaya más allá de campañas genéricas y que ponga el foco en los hogares, donde hoy se concentra la mayor amenaza para las niñas.
El incremento de embarazos infantiles expone un problema estructural que se agrava cada año. Arequipa necesita un sistema de alerta temprana que funcione dentro de los colegios, centros de salud y barrios, así como una red de protección que actúe con rapidez y sin tolerar pactos de silencio familiares. Mientras estos partos forzados sigan ocurriendo, hablar de políticas de protección será solo un discurso vacío frente a una realidad que golpea, sin pausa, a las niñas más vulnerables de la región.
Redacción Pamela Amesquita
