El domingo en que el Perú no pudo votar

El 12 de abril de 2026, el Perú se despertó listo para elegir entre 36 candidatos en la elección más fragmentada de su historia reciente. Ninguno superaba el 12% de intención de voto en las encuestas previas, y la intención de voto en blanco y nulo rondaba el 41%, retrato fiel de una democracia exhausta. Pero lo que ocurrió ese domingo 12 de abril fue peor que la indiferencia. La empresa Galaga S.A.C., contratada por la ONPE para distribuir el material electoral en Lima, simplemente no cumplió. Adultos mayores en sillas de ruedas, personas con discapacidad y ciudadanos con bebés en brazos se quedaron fuera de locales de votación con las puertas cerradas, mientras la temperatura subía y los ánimos también. Al final del día, 63,300 electores no pudieron ejercer su derecho al voto y 211 mesas nunca se instalaron. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, amplió el horario hasta las 6 de la tarde y pidió disculpas. No alcanzó.

Al cierre de urnas, los resultados del flash electoral confirmaron lo que todos temían, Keiko Fujimori lideraba con alrededor del 17%, pero el segundo lugar era un abismo entre Rafael López Aliaga con 11.92% y Roberto Sánchez con 11.98%, separados por décimas de punto que se disputaban acta por acta, con el voto del exterior como variable que movía el tablero cada hora. López Aliaga bajó al JNE con megáfono en mano y, sin presentar prueba alguna, llamó a sus seguidores a la insurgencia, exigió la detención inmediata de Corvetto y declaró que no aceptaría los resultados pase lo que pase. Keiko Fujimori lo llamó «irresponsable». El candidato Carlos Álvarez habló de «sedición». El presidente del JNE reconoció que la ONPE no cumplió con gestionar el material a tiempo. Corvetto, presionado desde todos los flancos, presentó su renuncia el 21 de abril. La Junta Nacional de Justicia la aceptó mediante resolución, declaró vacante la jefatura de la ONPE y nombró a Bernardo Pachas como jefe interino, aclarando que la investigación preliminar contra Corvetto continuaría.

Lo que siguió fue un proceso de proclamación que se vivió como un tormento institucional. El JNE avanzó con la proclamación descentralizada distrito por distrito, entre recursos de nulidad, plantones y presiones políticas. El 24 de abril, el pleno del JNE sesionó y el acta se firmó con 13 votos a favor, dando luz verde al proceso oficial de cómputo. El 30 de abril, en una segunda sesión decisiva, el resultado fue 13 votos a favor y 2 abstenciones, señal de que incluso dentro del propio organismo electoral las tensiones no habían desaparecido del todo. Observadores internacionales como la OEA y la Unión Europea descartaron que hubiera manipulación sistemática del proceso, pero el daño ya estaba hecho. López Aliaga, en su última arremetida antes de reconocer la derrota, le dijo en la cara al presidente del JNE, Roberto Burneo, «Usted está llevando al Perú al matadero. Lo que pase será su culpa.»

El 17 de mayo de 2026, cinco semanas después del día de la votación, el Pleno del JNE proclamó en sesión solemne los resultados oficiales de la primera vuelta, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez irían al balotaje del 7 de junio. La ONPE, como reconocimiento tácito de su fracaso tecnológico, anunció que descartaría el sistema digital STAE para la segunda vuelta y volvería al método tradicional de actas en papel. Aun así, el Perú llegó al balotaje con dos candidatos, una institución electoral en terapia intensiva y una ciudadanía que no olvidará fácilmente el domingo en que quiso votar y no pudo.

Redacción Patty Mamani

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