La ciudad que le perdió el miedo al crimen y sus alcaldes a la responsabilidad
Arequipa se desangra en silencio mientras sus autoridades locales acumulan promesas incumplidas. Los indicadores de seguridad ciudadana en la ciudad mostraron resultados mixtos al cierre de mayo de 2026, los accidentes de tránsito se dispararon de 411 a 481 casos en un solo mes, y las denuncias por violencia familiar escalaron de 854 a 872 registros. El año arrancó con una señal inocultable, ya que en apenas las primeras dos semanas de enero, la Región Policial registró 13 denuncias de extorsión, y una balacera en la urbanización Héroes del Cenepa, en Miraflores, que fue vinculada a un caso de «gota a gota» porque la víctima no pagó su cuota mensual a los prestamistas criminales. Poco después, un sicario grabó con su propio teléfono una ráfaga de 15 disparos contra una vivienda en la urbanización Salaverry y difundió el video en redes sociales como mensaje de intimidación, un acto de descaro que desnuda hasta qué punto el crimen organizado no teme a las autoridades locales.
Detrás de esa impunidad hay un problema estructural que las municipalidades no han querido enfrentar con honestidad. Arequipa no tiene suficientes policías, ni suficientes patrulleros, ni suficientes cámaras operativas. En lo que va de 2026, el personal policial de la región se redujo en 469 efectivos. El general Antonio La Madrid recibió el mando con 5,755 agentes disponibles y hoy solo cuenta con 5,286. La región apenas tiene 400 patrulleros operativos, otros 150 no funcionan, y el déficit de personal se estima entre 300 y 400 efectivos adicionales para lograr una cobertura adecuada; para colmo, por turno solo 60 policías están asignados al control del tránsito en toda la ciudad. Las consecuencias se sienten distrito por distrito. El alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra Black, admitió públicamente que su comisaría pasó de 120 a apenas 80 efectivos policiales, una reducción que considera insuficiente para hacerle frente a la ola de asaltos a mano armada que golpea su jurisdicción.
El equipamiento municipal no está en mejor estado que el recurso humano. Un operativo de la Contraloría General de la República reveló datos que deberían sonrojar a más de un alcalde. Arequipa encabeza la lista nacional de municipalidades con mayor número de cámaras de videovigilancia inoperativas, con 255 equipos fuera de servicio en 13 comunas evaluadas, además de 83 equipos de radiocomunicación malogrados que comprometen directamente las labores del serenazgo. El panorama se agrava cuando se mira la infraestructura completa, donde de las 102 comisarías existentes en Arequipa, 57 presentan deficiencias de infraestructura, equipamiento o capacidad operativa; y menos de la mitad de las unidades municipales de serenazgo, dado que solo 33 de 78cuenta con capacidades operativas suficientes para responder de forma efectiva.
La pregunta que los vecinos se hacen en cada esquina es inevitable, ¿dónde están los alcaldes distritales? La respuesta incómoda a la propia gestión municipal. El ex alcalde provincial Víctor Hugo Rivera había cambiado hasta en cuatro ocasiones al gerente de Seguridad Ciudadana sin mostrar avances concretos, mientras promesas como la creación de una Escuela de Serenazgo y la adquisición de nuevas cámaras siguen sin materializarse. El diagnóstico ciudadano es devastador, ya que solo el 17.3% de la población arequipeña se declaró satisfecha con la gestión de seguridad ciudadana en 2024. Expertos del observatorio Comunidad en Marcha señalan que los alcaldes podrían implementar medidas de fácil aplicación, como fortalecer juntas vecinales con alertas tempranas, instalar cámaras de reconocimiento facial, colocar botones de pánico en puntos críticos y facilitar los procesos de denuncia. Nada de ello requiere una declaratoria de emergencia. Solo requiere gestión.
Redacción Patty Mamani
