Transportistas de unidades M2 en Arequipa buscan formalización y exigen suspender sanciones municipales
Con el objetivo de unificar y regularizar el servicio de transporte en las zonas periféricas de la ciudad, se viene consolidando la Federación de Transportistas Alternativos de la Región Arequipa. Así lo informó su asesor legal, Freddy Cahuas, quien detalló que este gremio agrupa inicialmente a cerca de 500 transportistas que buscan la formalidad.
El vocero enfatizó que la federación está aplicando un estricto filtro para la incorporación de sus miembros, aclarando que no se admitirán unidades de la categoría M1 ni vehículos con más de 20 años de antigüedad. En su lugar, se está priorizando exclusivamente a las unidades M2 que cumplan con todas las características técnicas requeridas, tomando como base a las personas que presentaron la demanda y solicitaron la medida cautelar.
Para lograr este ordenamiento, el gremio ha estructurado una estrategia jurídica ante tres niveles de gobierno, impulsada además por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que limita la facultad de las municipalidades para crear cuadros de infracción. A nivel local, buscan presentar proyectos de ordenanza municipal para modificar las condiciones de la Resolución Gerencial 333, la cual autoriza el servicio de las M2 en zonas periféricas; según el asesor
Cahuas manifestó, que el objetivo es cambiar el modelo actual que obliga a pagar dinero a las concesionarias sin dar derechos al transportista. Paralelamente, la federación presentará propuestas técnicas ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como un proyecto de ley en el Congreso de la República para que se reconozca formalmente el derecho de estas unidades a prestar servicio.
Mientras avanzan estas propuestas legales y legislativas, los transportistas exigen a la Municipalidad Provincial de Arequipa la suspensión inmediata de las sanciones y del internamiento de vehículos en el depósito. El asesor legal advirtió que, según el fallo del Tribunal Constitucional, las comunas no tienen la facultad de crear códigos de infracción a nivel nacional ni de recaudar dinero mediante el traslado de unidades al depósito con inspectores, por lo que esos montos deberían ser devueltos.
Finalmente, Cahuas señaló que se encuentran evaluando la presentación de denuncias penales por omisión de funciones contra las autoridades locales si persisten en aplicar estas sanciones consideradas ilegales.
Redacción Luz Flor
