EE.UU. sanciona a Cristina Kirchner y De Vido por corrupción
El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, acusándolos de haber participado en importantes actos de corrupción durante su gestión. La medida, promovida por la administración de Donald Trump, prohíbe su ingreso al territorio estadounidense, junto con el de sus familiares directos.
Según el secretario de Estado Marco Rubio, ambos políticos “organizaron y se beneficiaron financieramente de múltiples esquemas de soborno” relacionados con contratos de obras públicas en Argentina, desviando millones de dólares de fondos estatales. Esta sanción se basa en sentencias previas en Argentina: Fernández de Kirchner fue condenada en 2022 por un fraude de 1.000 millones de dólares, mientras que De Vido enfrentó varias condenas por corrupción vinculadas a su gestión ministerial.
El anuncio refleja el nuevo enfoque de Trump hacia América Latina, con un énfasis en sancionar a líderes de izquierda, en contraste con la administración anterior, que impuso medidas contra figuras conservadoras como el vicepresidente paraguayo Hugo Velázquez en 2023, pero evitó tomar acciones similares contra Kirchner.
Este movimiento también ocurre en un contexto en el que el presidente argentino Javier Milei, aliado de Trump, ha promovido una agenda de derecha y ha mantenido una fuerte oposición a la expresidenta. Rubio aseguró que esta decisión es parte del compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción a nivel global, señalando que las sanciones buscan “promover la responsabilidad para quienes abusan del poder público para beneficio personal”.
La medida podría generar repercusiones en la política argentina y en la relación bilateral entre ambos países, en especial considerando la actual alineación de Milei con Trump y su discurso de ruptura con el “kirchnerismo”. Por ahora, Cristina Kirchner no ha emitido una respuesta oficial, pero su entorno político ha calificado la decisión como una maniobra de persecución política.
Redacción Pamela Amesquita
