Gobierno lanza política nacional contra el lavado de activos

El Consejo de Ministros aprobó la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030, una ambiciosa estrategia que busca alinear al Perú con los estándares internacionales y reducir la incidencia del crimen financiero. Sin embargo, su implementación real genera dudas en un contexto de débil institucionalidad.

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Juan Alcántara, quien señaló que la nueva política cumple con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo que viene observando al Perú por su limitada capacidad de prevención, control y sanción en delitos financieros.

La política nacional contempla un enfoque multisectorial y articula esfuerzos entre el Estado y el sector privado para cumplir las 40 recomendaciones del GAFI, fortalecer el sistema de justicia y fomentar la cooperación internacional. Alcántara subrayó que se trata de una estrategia “integral” que pretende frenar el avance de redes criminales transnacionales que operan en el país.

Aunque el documento apunta alto, la pregunta clave es si el Estado cuenta con la voluntad política y la capacidad institucional para ejecutarlo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos enfrentan desde hace años limitaciones presupuestarias y resistencias internas, especialmente cuando los investigados tienen vínculos con el poder político.

En paralelo, el ministro Alcántara intentó suavizar la polémica por el anuncio de una posible revisión del rol del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aclaró que no se trata de un retiro, sino de una evaluación “consensuada” entre el Ejecutivo, el Congreso, la academia y otras instituciones.

“La comisión tendrá como objetivo plantear una metodología y plazos claros antes de tomar cualquier decisión”, explicó. No obstante, sectores críticos advierten que este tipo de anuncios podrían debilitar la ya tensa relación del país con organismos internacionales de derechos humanos.

Redacción Pamela Amesquita

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