Congreso descarta red de prostitución, pero admite irregularidades en contrataciones
La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó este lunes un informe que descarta la existencia de una red de prostitución dentro del Parlamento, aunque revela serias anomalías en la contratación de personal, especialmente mujeres, en contextos que podrían ser calificados como sexistas.
El documento fue respaldado por 7 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, y se elaboró tras investigar las denuncias contra Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, implicado inicialmente en presuntos delitos de proxenetismo y en el polémico caso de la trabajadora Andrea Vidal.
El informe afirma que no se hallaron pruebas jurídicas ni materiales que acrediten actos de prostitución o proxenetismo en el Legislativo. Sin embargo, reconoce que “se ha evidenciado un festín de contrataciones y permisos irregulares”, particularmente de trabajadoras mujeres, dentro de lo que el informe describe como un entorno “sensual y sexista”.
La comisión admitió que careció de herramientas coercitivas como el acceso a comunicaciones privadas o cuentas bancarias, lo que limitó la obtención de pruebas contundentes en casos específicos. Entre las líneas de investigación que quedaron parcialmente abiertas figuran los casos de Andrea Gil Gómez, Isabel Cajo y Alejandra Gil, cuyos testimonios fueron considerados claves.
En cuanto a Andrea Vidal, abogada fallecida en circunstancias aún no esclarecidas, el informe concluye que no existen indicios suficientes que respalden las acusaciones sobre actividades de prostitución.
Dada la naturaleza de las denuncias y las restricciones del Congreso en materia investigativa, la comisión recomendó derivar el caso al Ministerio Público, que cuenta con las competencias necesarias para profundizar en los hechos, solicitar el levantamiento del secreto bancario y telefónico, y esclarecer posibles delitos.
El caso ha vuelto a poner en debate la falta de filtros y controles en las contrataciones estatales, así como la persistencia de prácticas informales y relaciones de poder marcadas por el género en la administración pública.
Redacción Pamela Amesquita
