Vizcarra frente al espejo judicial

Martín Vizcarra volvió a escuchar su nombre completo en una sala judicial. Ya no como jefe de Estado, ni como voz reformista contra el Congreso, sino como acusado. Esta vez, el exmandatario peruano, que alguna vez encabezó un discurso de lucha anticorrupción desde Palacio, pidió algo más simple pero definitivo: que su caso prescriba, que la justicia olvide.

Pero el Poder Judicial no lo hizo.

En la última audiencia celebrada el 14 de julio de 2025, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó la solicitud de su defensa para declarar prescrita la acusación fiscal en su contra. Vizcarra intentaba borrar de un plumazo el proceso que lo persigue desde que dejó la banda presidencial, ese que lo acusa de haber recibido sobornos por más de 2,3 millones de soles cuando fue gobernador regional de Moquegua.

Según la Fiscalía, el expresidente habría cobrado coimas de empresas privadas a cambio de favorecerlas en la adjudicación de dos importantes obras públicas: el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua. Obras que prometían desarrollo, pero que, según los fiscales, sirvieron también como vía para enriquecer bolsillos privados.

Vizcarra lo niega todo. Asegura que se trata de una vendetta política, que los testimonios en su contra provienen de “interesados” y “colaboradores eficaces que buscan beneficios procesales”. Señala a sus antiguos adversarios del llamado Club de la Construcción, un consorcio empresarial que se habría repartido obras públicas a lo largo de varios gobiernos. Para él, su caída es el precio de haberles declarado la guerra desde el poder.

En la audiencia, su defensa calificó de “absurdo” el pedido fiscal de prisión preventiva. Argumentaron que la acusación está viciada, que no hay pruebas concluyentes y que su cliente no representa peligro procesal. Sin embargo, el juez Víctor Alcocer Acosta decidió continuar con la evaluación de los cargos. La solicitud de prescripción fue desestimada.

Con eso, el proceso sigue su curso. El control de acusación avanza, y con él, la posibilidad de que Vizcarra enfrente un juicio oral por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

El expresidente, recordado por disolver el Congreso en 2019, por liderar la pandemia en sus inicios y por haber sido vacado por “incapacidad moral”, ahora camina por los pasillos del sistema judicial como un ciudadano más, acusado, expuesto, vulnerable.

Ya no hay aplausos, ni discursos en balcones. Solo hay silencio y expedientes. La historia que alguna vez escribió desde el Ejecutivo ahora se reescribe en tribunales. En su intento por declararse libre de culpa por vía legal, Vizcarra pidió al Estado olvidar. Pero la justicia, al menos por ahora, no olvida.

Redacción Marisol Ciñane

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