Congreso posterga sanciones y permite que investigados sigan en funciones
El cierre de la legislatura dejó en pausa tres informes de la Comisión de Ética que plantean suspensiones sin sueldo contra los congresistas Raúl Doroteo, Darwin Espinoza y María Agüero. Pese a que los documentos ya estaban listos para ser debatidos, el Pleno entró en receso y trasladó la responsabilidad a la Comisión Permanente, que no tiene capacidad plena para imponer sanciones. El resultado es claro. Los casos quedaron archivados en la agenda, sin prioridad política y sin consecuencias.
El expediente más antiguo es el de Raúl Doroteo, investigado por presuntos recortes de sueldo a una trabajadora de su despacho. La propuesta de sanción por 120 días fue aprobada en Ética hace más de un año, pero nunca llegó al debate, lo mismo ocurrió con Darwin Espinoza, señalado por presuntamente usar recursos del Congreso para favorecer la inscripción de su movimiento regional. En su caso, Ética recomendó 60 días de suspensión, pero el informe tampoco fue visto en el Pleno.
La situación se repite con la congresista María Agüero, acusada de “mochasueldos” y con diligencias fiscales en curso. Ética aprobó suspenderla por 120 días, pero el expediente quedó en espera. Mientras tanto, Agüero continúa en funciones y es candidata al Senado, lo que evidencia la desconexión entre las denuncias y la capacidad real del Parlamento para sancionar a sus propios miembros.
Expertos consultados advierten que el problema no es solo administrativo. La decisión de priorizar o no estos informes pasa por la mesa directiva y los voceros, quienes ordenan la agenda según conveniencias políticas. El mecanismo permite que casos sensibles se diluyan en el tiempo, pese a que ya cuentan con votación en comisión y con respaldo técnico.
Detrás de estas demoras hay un mensaje preocupante. El Congreso exige transparencia hacia afuera, pero posterga sanciones cuando se trata de sus propios integrantes. Mientras los informes sigan “en orden del día” sin debatirse, la ciudadanía observa un Parlamento que protege a los cuestionados y debilita su propia credibilidad. Si el retorno de la legislatura no corrige esta inercia, la impunidad terminará normalizándose en el corazón del poder.
Redacción Pamela Amesquita
