Desactivación de fiscalías especializadas pone en riesgo juicios por muertes en protestas
La desactivación de equipos fiscales especializados en derechos humanos constituye un grave retroceso para el sistema de justicia y evidencia una peligrosa intromisión política en el Ministerio Público, advirtió la defensa legal de las víctimas de las protestas sociales. La medida no solo afecta a un grupo en particular, sino a todos los equipos especializados que venían investigando casos complejos vinculados a presuntas violaciones de derechos humanos.
Desde la organización Solidaria Perú, defensa técnica de los deudos de ciudadanos fallecidos durante las protestas, se alertó que en Arequipa los casos ya se encontraban en una etapa avanzada del proceso, próximos al control de acusación o sobreseimiento. La desactivación obligará ahora a redistribuir miles de folios a fiscalías de origen, cuyos responsables deberán revisar nuevamente expedientes voluminosos, generando un retraso significativo y el riesgo de decisiones poco consistentes.
La preocupación se agrava al considerar los plazos que establece el Código Procesal Penal, que otorga solo quince días para que el fiscal emita una disposición tras concluir la investigación preparatoria. En medio de una elevada carga procesal, surge la incertidumbre sobre cuánto tiempo tomará a la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, a cargo de la fiscal Verónica Bellido, evaluar estos casos con el rigor necesario.
Además, se advierte un posible entrampamiento institucional que involucrará también al Poder Judicial, ante la duda de si los procesos continuarán en juzgados nacionales o serán derivados a cortes superiores regionales. Para las víctimas y sus familiares, el mayor temor es que la justicia se dilate aún más y que el esfuerzo acumulado durante meses de investigación termine diluyéndose en un sistema que hoy muestra señales claras de retroceso.
Redacción Pamela Amesquita
