Trabajadores de construcción civil protestan y rechazan ser culpados del retraso en sede del Poder Judicial
Ante el retraso registrado en la construcción de la nueva sede del Poder Judicial en Cerro Colorado, el presidente de la Corte Superior de Justicia, Nicolás Izcarra, señaló que esta situación se debería a tres paralizaciones promovidas por trabajadores del sector construcción entre los meses de marzo y mayo. Según indicó, estas interrupciones habrían generado pérdidas estimadas en 80 mil soles y puesto en riesgo el cronograma de ejecución de la obra, con la posibilidad de que su culminación se extienda más allá de marzo de 2027. Frente a este escenario, Izcarra presentó denuncias ante el Ministerio Público, las cuales derivaron en la detención de cuatro personas. Asimismo, informó que se vienen realizando coordinaciones con las autoridades competentes para garantizar la continuidad de los trabajos y sancionar las presuntas conductas delictivas detectadas durante el desarrollo del proyecto.
En respuesta a las declaraciones del magistrado, trabajadores del Sindicato de Construcción Civil realizaron una protesta frente a la obra, rechazando las acusaciones que los señalan como responsables del retraso. Los obreros apuntaron directamente contra la empresa APM, contratista del proyecto, a la que acusan de ingresar a Arequipa para disputar la licitación sin respetar las normativas laborales vigentes, atropellando los derechos de los trabajadores y de los subcontratistas vinculados a la obra.
El secretario del Sindicato de Construcción Civil denunció que la empresa APM y sus subcontratistas incumplen de manera sistemática la tabla salarial establecida por ley, además de no cancelar beneficios como la escolaridad y el seguro de vida ley, derechos irrenunciables a los que tienen acceso todos los trabajadores del sector. Señaló que, pese a ser numerosos los afectados, los reclamos presentados en reiteradas ocasiones no han recibido respuesta ni solución por parte de los responsables de la empresa.
El dirigente sindical cuestionó además las declaraciones del presidente de la Corte Superior, afirmando que el magistrado recibe información distorsionada sobre la realidad de la obra. Por ello, lo instó a visitar personalmente el lugar de los trabajos para que constate las condiciones en que labora el personal de construcción, aclarando que la protesta no busca paralizar el proyecto, sino exigir el cumplimiento de los derechos laborales que les corresponden y que hasta la fecha les han sido negados.
El sindicato hizo un llamado a las autoridades competentes para que intervengan y brinden soluciones concretas a la problemática. El secretario precisó que el gremio no es ni ha sido un obstáculo para el avance de la obra, y que la huelga llevada a cabo constituye un derecho constitucional legítimo. Lamentó que, a pesar de las múltiples reuniones sostenidas con los responsables del proyecto para abordar estas irregularidades, ninguno de los acuerdos alcanzados en dichos diálogos haya sido cumplido hasta el momento.
Redacción Patty Mamani
