La voracidad minera asfixia a los pueblos indígenas del sur de Venezuela
Maduro amplió en medio de la cuarentena la superficie de extracción del Arco Minero del Orinoco y autorizó la explotación en seis ríos. Naciones Unidas denuncia los abusos contra las comunidades.
“Aquí todo el mundo se convirtió en minero”. Armando Obdola habla por teléfono desde el Estado Bolívar, en el sur de Venezuela. Es presidente de la Asociación Kapé Kapé, que lucha por los derechos de las comunidades indígenas de ese territorio, 197 de ellas ubicadas dentro del Arco Minero del Orinoco, una franja que ocupa 12% del territorio nacional y que hace cuatro años el Gobierno de Nicolás Maduro habilitó para su aprovechamiento económico. Para el líder comunitario, a partir de esa medida, que se tomó sin la consulta a la totalidad de las comunidades indígenas, la hecatombe estaba a la vista. El decreto desató una voraz extracción de minerales sin control y la zona se ha convertido en escenario de graves violaciones de derechos humanos, como las que reveló esta semana la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. “Esto se pudrió como un mango”, agrega Obdola.
Hace unos meses, Obdola se reunió con los comisionados de Bachelet que elaboraron el informe. El documento recoge denuncias de explotación laboral, sexual e infantil, aumento de enfermedades, daño ambiental y presencia de grupos delictivos e irregulares que controlan las minas que han desatado una violencia que llevó a uno de los municipios mineros a tener la tasa de homicidios más alta del país con 84 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de Violencia. En plena pandemia, Kapé Kapé también realizó una serie de entrevistas con indígenas que trabajaron en las minas para medir la afectación de esa actividad en las comunidades. Los testimonios recogidos en ese estudio confirman en primera persona lo que dice el duro informe de Naciones Unidas, desestimado por los representantes del Gobierno.
“El cerro Yapacana ya no es un parque nacional, es una destrucción total, de la naturaleza, la tala, la tierra, el agua. Todo está contaminado, allá cualquier agua que uno bebe está contaminada y le empieza a pegar la diarrea. Hay mucho niño enfermo, hay muchos niños en todas esas minas”, dice un profesor de 33 años de la etnia jivi que trabajó en las minas entre noviembre y diciembre pasado. “No volvería más para allá porque fue mucho sufrimiento. La fiebre, me enfermé todo, dolor de cabeza todos los días, trabajo de 6 a 6: allá no hay descanso”, agrega. “Mi esposo trabajó de caletero [operario] y limpió el terreno donde iban a colocar la máquina. Estábamos contando con que nos pagarían 20 gramos de oro, que era con lo que queríamos salir de ahí para poder comprar la ropa de nuestros hijos en diciembre, pero nunca nos pagaron”, cuenta la esposa del profesor. “Ahí se trabaja todo el día para poder comer. En las minas nada es gratis, ni sacarte la gota gruesa [de sangre] para diagnosticarte la malaria. Si te sale positivo tienes que pagar el tratamiento”, continúa la mujer.
La grave crisis económica que atraviesa Venezuela ha convertido la minería en un modo de supervivencia. De esas reservas minerales vive el Gobierno, asfixiado por la caída de ingresos petroleros y las sanciones. Solo entre el 10% y el 30% del oro extraído llega a las arcas del Banco Central de Venezuela y el resto se pierde en contrabando, según investigaciones de Transparencia Venezuela. Pero el año pasado Maduro comenzó a repartir minas a gobernadores e instituciones como vía para generar ingresos. Cientos de venezolanos también han migrado desde distintas zonas del país para trabajar en esas explotaciones. La opacidad sobre este manejo y la falta de información por parte del Gobierno sobre los planes para regularizar la actividad son parte de los señalamientos del informe de la Alta Comisionada.
Obdola lo explica así: “Pasamos del país del hambre, que se siente en el estómago, al país de la miseria, que se siente en la cabeza”. Y una preocupación adicional que asoma es lo que supone para los pueblos indígenas la entrada en la minería como modo de vida. “La captación de jóvenes para actividades mineras y para grupos irregulares es una realidad en estos pueblos. Hay una transculturización de las comunidades indígenas. Van los padres a las minas y los niños crecen viendo que no hay alternativa y así se va pudriendo la sociedad”.
La fiebre del oro es tal que en algunas zonas aseguran que se ha secado el mineral. Dice Obdola que, según la cultura de algunas etnias, cuando la tierra se enfurece oculta sus riquezas. Eso explica, en su opinión, el hecho de que cada vez sea más difícil encontrar una veta de oro en El Callao, la principal zona aurífera del país, lo que obligó a los grupos delictivos que controlan esas minas a establecer una especie de racionamiento: dejan pasar a los pobladores a escarbar en la tierra solo una vez por semana para que lo que queda pueda ser aprovechado por todos. También es la razón de la expansión de la depredación que ha desplazado pueblos indígenas de sus territorios originarios, abarca parques nacionales como Canaima, y que en el foco más grande, entre Las Claritas y el kilómetro 88 de la carretera que termina en Brasil, ocupa una superficie similar a la de 6.300 campos de fútbol, como ha calculado la organización SOS Orinoco con imágenes de satélite.
El 8 de abril, cuando el país atravesaba su tercera semana en cuarentena por el coronavirus, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico dictó la resolución 010 que autoriza la explotación de oro y diamantes en los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní, cuencas vitales para el ecosistema amazónico. Así, los ríos del Arco Minero del Orinoco también podrán ser explotados.
La grave medida, que pone en riesgo a las etnias pemón, yekuana, sanema, yanomami y jivi que viven en esas ribera, pasó sin mayor revuelo en un país con cada vez menos medios de comunicación, sumido en una grave crisis política, económica y social a la que pandemia ahora ha añadido una nueva dosis de caos. El informe de Bachelet recoge el tema y recomienda revocar la resolución, que para Obdola empeorará lo que ya viene ocurriendo. “Todos los daños por el uso desproporcionado de máquinas, del mercurio y la gasolina que fluye por los ríos ya los estamos viendo. La gente vive con enfermedades gastrointestinales, ya no se saca la misma cantidad de pescado, los animales se envenenan y la tierra no tiene el mismo poder. Aguas abajo del arco minero ya están los efectos. Esto es una mega crisis que avanza a paso acelerado”.
Fuente: Elpais.com