Fiscalía aguarda culminación de juicio donde se pidió 10 años de cárcel para alcalde y exfuncionarios
Luego de 20 audiencias, el juicio oral contra el alcalde Omar Candia Aguilar, dos exfuncionarios, un empresario y un ingeniero, por el presunto delito de colusión agravada en la adquisición de 40 cámaras de seguridad para la municipalidad de Alto Selva Alegre valorizadas en más de 2 millones de soles, está por culminar.
El fiscal provincial Rubén Núñez Soto de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa a cargo del caso, este lunes 13 de diciembre del 2021 dará su alegato de clausura tan igual que las otras partes; quedando pendiente la lectura de la sentencia a cargo del juez.
Desde mayo de este año, el Ministerio Público en el tercer juicio que se realiza por este caso, ha expuesto las pruebas que sustentan la acusación contra Omar Candia Aguilar, los exfuncionarios Juan Jesús Lipe Lizárraga y Reynaldo Ubaldo Díaz Chilo, el empresario José Luís Ríos Sánchez y el ingeniero Sandro Constantino Martínez Sardón, para quienes solicitó 10 años de pena privativa de la libertad.
El fiscal provincial Rubén Núñez Soto sostuvo durante el juicio que los peritajes, la auditoria, los testigos presentados, concluyen que el alcalde Omar Candia Aguilar y los exfuncionarios habrían concertado ilegalmente con José Luis Ríos Sánchez (representante legal de las empresas Soluciones del Perú SA, y Andina Technology Partners INC, que conformaron el Consorcio Soluciones – Andina), realizando un fraude al Estado, tanto en la contratación y elaboración del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana del distrito de Alto Selva Alegre”, como en el proceso de selección, contratación y la ejecución del mismo.
Para el Ministerio Público, el acusado Omar Candia Aguilar es responsable al no haber atendido el pedido del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) para que anule el proceso. Tampoco observó que la contratista modificó la forma del pago, el plazo de entrega de las cámaras de seguridad, el cambio de tecnología de un sistema inalámbrico por el de fibra óptica; igualmente hizo caso omiso a las comunicaciones de Seal y Osinerming en relación a la falta de autorización a favor del consorcio, entre otras irregularidades.
En el caso de los exfuncionarios e integrantes del Comité Especial de Selección, Juan Jesús Lipe Lizárraga y Reynaldo Ubaldo Díaz Chilo, el Ministerio Público sostuvo que favorecieron al contratista, porque tampoco atendieron las observaciones del OSCE, aprobaron ilegalmente variar las condiciones del contrato, respecto a pagos sin la justificación debida, el cambio del sistema que generó un perjuicio económico. Por su parte, Sandro Constantino Martínez Sardón, firmó el contrato como consultor para el proyecto sin estar habilitado como ingeniero electrónico o de telecomunicaciones, entre otras irregularidades.
El fiscal provincial precisó en juicio que en este caso se habría generado un perjuicio económico de 2 millones 100 mil 010,58 y una deuda de 36 mil 929 soles debido al uso de infraestructura sin autorización.
Redacción RSM
