Sentenciados por delitos graves no ejercerán cargos públicos
La Comisión de Constitución aprobó el dictamen que modifica los artículos 34-A, 39-A y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución, que propone prohibir el acceso por diez años, a cargos públicos, a personas con sentencia consentida o ejecutoriada por delitos graves.
Entre ellos figuran delitos contra la democracia (rebelión, sedición, motín), terrorismo, traición a la patria, narcotráfico.
“Son, específicamente, delitos que atentan contra el sistema democrático; delitos muy graves que atentan contra el sistema democrático y el orden constitucional”, precisó el legislador Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución.
El dictamen logró un respaldo contundente de 17 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.
El proyecto de ley apunta contra individuos que perpetraron delitos que debilitan el sistema democrático del Estado.
“Acciona también contra aquellos que se han rebelado contra el sistema democrático para tratar de destruirlo”, explica Rospigliosi.
“Lo que se entiende es que gente que quiere destruir la democracia no utilice la democracia para sus protervos fines. Esa es la idea”, reseñó.
Redacción RSM
