Minería informal en Islay: el problema que pasa desapercibido en medio del conflicto por Tía María
Mientras la atención se centra en la inminente ejecución del proyecto minero Tía María y la huelga indefinida de sectores que rechazan su desarrollo, la minería informal sigue operando en la provincia de Islay sin un control efectivo.
En el valle de Tambo, donde se desarrolla la actividad minera de manera artesanal, existen 123 registros en el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), de los cuales solo 33 se encuentran vigentes. Sin embargo, la normativa prohíbe la extracción mientras dure la suspensión de los registros inactivos, lo que no impide que muchos continúen operando al margen de la ley.
Pese a la presencia documentada de esta actividad, el gerente regional de Energía y Minas, Iván Prado Barreto, afirmó que la minería ilegal en Islay es “casi nula” y que no se han recibido denuncias. Sin embargo, los antecedentes muestran que la falta de fiscalización ha costado vidas.
En 2020, tres mineros murieron en el sector de Carrizal – La Pascana, mientras que en junio de 2024, otros dos fallecieron al caer a un socavón en la veta “Doris”, en Cocachacra. Estos casos evidencian que, mientras se debate el impacto de la gran minería, la minería informal sigue operando en condiciones precarias y sin regulación efectiva.
El proceso de formalización minera en la región también enfrenta trabas burocráticas. Con la reciente Ley N.º 32213, la rectoría del proceso pasó del ámbito regional a la Dirección General de Formalización Minera (DGFM), lo que ha generado incertidumbre en el cumplimiento de los requisitos ambientales.
Mientras el conflicto social por Tía María acapara la discusión pública, la minería informal sigue creciendo en la sombra, con riesgos latentes para el medio ambiente y la seguridad de los propios mineros.
Redacción RSM
