Gobierno autoriza intervención militar contra minería ilegal en estados de emergencia
La presidenta Dina Boluarte promulgó una controvertida norma que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la minería ilegal, siempre que se declare previamente un estado de emergencia. El cambio modifica el Decreto Legislativo 1095 y, según el Ejecutivo, busca eliminar los vacíos legales que limitaban la acción militar frente a delitos que afectan la seguridad nacional.
Durante la ceremonia de promulgación, Boluarte calificó la medida como “necesaria, legítima y urgente”, y reafirmó su intención de no retroceder ante el crimen organizado, la presidenta fue enfática al señalar que esta norma fortalece el control del territorio nacional y cuenta con respaldo del Congreso. También arremetió contra quienes cuestionan la medida desde el derecho: “No más tibieza”, declaró, sugiriendo que las críticas jurídicas protegen a delincuentes.
El nuevo marco legal refuerza el rol de las Fuerzas Armadas en contextos que hasta ahora eran competencia casi exclusiva de la Policía. Aunque el gobierno ha justificado esta decisión como parte de una estrategia integral de seguridad, diversos sectores advierten que la participación militar en tareas internas podría abrir la puerta a abusos o excesos, especialmente en zonas donde las comunidades conviven con la minería informal.
El Ejecutivo reportó que, en coordinación con la Policía Nacional, ya se han realizado más de 2,600 patrullajes conjuntos, con resultados que incluyen capturas de bandas criminales y decomiso de armamento. No obstante, el impacto real de estas operaciones sobre el control del crimen y la protección del medio ambiente aún está por evaluarse.
Redacción Pamela Amesquita
