Ley 32330, una ley hecha para el aplauso fácil
El Congreso y el Gobierno han optado, una vez más, por el camino fácil: promulgar una ley que aparenta combatir la inseguridad sin atender sus verdaderas raíces. Con la aprobación de la Ley 32330, adolescentes de 16 y 17 años podrán ser juzgados como adultos por delitos graves, en una medida que más responde a un cálculo político que a una política de justicia real.
El mensaje de “mano dura” puede sonar muchas veces tranquilizador para una ciudadanía golpeada por el miedo y la violencia. Pero encierra una trampa peligrosa: convierte la seguridad en espectáculo y el castigo en un recurso populista. La norma parece hecha para los titulares más que para la justicia. No hay nuevas políticas de prevención, ni centros de rehabilitación adecuados, ni una estrategia nacional que entienda por qué los adolescentes terminan reclutados por organizaciones criminales. Lo único nuevo es la amenaza de condenas más duras para quienes aún no han terminado el colegio, o en un caso más alarmante, ni estudian.
Esta ley llega en un contexto en el que el Estado ha fallado en lo más elemental: garantizar acceso a educación de calidad, salud mental, espacios seguros y oportunidades económicas. Frente a su inoperancia, criminalizar se vuelve más fácil que construir. Pero ¿a quiénes afecta realmente esta ley? A los de siempre: a los jóvenes de barrios marginados, sin redes de apoyo ni abogado. A ellos no se les ofrece otra cosa que una celda.
Quienes defienden la norma argumentan que responde al uso de menores por parte de bandas delictivas, que “aprovechan” su condición para evitar sanciones. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? ¿Perseguir a las bandas, desarticular redes, intervenir en las zonas más golpeadas por el crimen? No. La solución es aplicar el derecho penal del enemigo contra adolescentes y reforzar el mensaje de que el sistema solo funciona para castigar, no para prevenir ni rehabilitar.
¿Y el enfoque de derechos? ¿Y los compromisos internacionales del Perú con la Convención sobre los Derechos del Niño? ¿Y el principio de interés superior del adolescente? Parecen haberse evaporado entre los aplausos parlamentarios y los discursos de “tolerancia cero” que, en el fondo, son promesas vacías.
La Ley 32330 no nace de un plan serio para combatir la delincuencia juvenil, sino de la urgencia de aparentar control. Es una medida simbólica, políticamente rentable, pero socialmente destructiva. Un parche que tapa la herida, pero no la cura.
Mientras no haya atención a la verdadera problemática de la delincuencia juvenil, sea en inversión en prevención, atención psicosocial, oportunidades laborales y justicia restaurativa, seguiremos atrapados en este ciclo: criminalizar, encarcelar y olvidarse. Y así, en lugar de proteger a la ciudadanía, el Estado la condena a un futuro donde la cárcel será la única política pública para los jóvenes marginados.
Julio Mamani
