Urge una nueva infraestructura, pero no a cualquier costo ni en cualquier lugar
En el sur del país, donde el acceso a servicios oncológicos especializados es limitado, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Sur) representa una esperanza para cientos de pacientes.
Sin embargo, esa esperanza hoy se ve amenazada por decisiones cuestionables desde el Gobierno Regional de Arequipa, que ha propuesto cambiar de ubicación el proyecto de su nueva sede, generando incertidumbre, malestar y protestas de parte del personal médico, pacientes y organizaciones civiles.
El actual local del IREN Sur enfrenta condiciones precarias como filtraciones, colapso estructural, falta de equipamiento, insuficiente capacidad de atención y advertencias reiteradas de la Contraloría General de la República sobre deficiencias técnicas en proyectos de ampliación. A eso se suman limitaciones graves en su Unidad de Cuidados Intensivos y antecedentes de negligencias médicas. El clamor de los trabajadores es claro “urge una nueva infraestructura, pero no a cualquier costo ni en cualquier lugar.”
El cambio propuesto por el Gobierno Regional ha generado rechazo porque las zonas alternativas como la autopista Arequipa La Joya o Ciudad de Dios no cuentan con servicios básicos ni accesos adecuados. Esto afectaría directamente a pacientes que ya enfrentan dificultades para trasladarse diariamente a sus tratamientos. Además, se teme que esta decisión ponga en riesgo el financiamiento y la ejecución de la obra, que ya se encontraba en una fase avanzada.
Organizaciones del personal de salud han señalado que no existe sustento técnico ni legal que justifique el traslado. La falta de transparencia en el proceso y la ausencia de diálogo con las partes directamente involucradas agravan el conflicto. Han denunciado públicamente que las reuniones solicitadas al Gobierno Regional han sido ignoradas o respondidas con la presencia de funcionarios sin capacidad de decisión ni documentos oficiales.
En medio de este escenario, se alude a entidades como la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), pero esta ya ha deslindado responsabilidades, indicando que fue el Gobierno Regional quien propuso nuevas ubicaciones. La falta de claridad alimenta la desconfianza: ¿cuáles son los verdaderos motivos detrás del cambio de terreno? ¿Por qué modificar un proyecto prioritario sin transparencia ni consulta?
Lo que está en juego no es un simple lote, sino la continuidad de tratamientos que definen la vida o la muerte de miles de pacientes. El cáncer no espera plazos administrativos ni decisiones políticas improvisadas. El IREN Sur no puede convertirse en otro símbolo del abandono institucional.
Las autoridades tienen la obligación de tomar decisiones basadas en evidencia, no en intereses externos o cálculos de oportunidad. Las organizaciones médicas, los pacientes y la sociedad civil exigen respuestas concretas, planificación seria y respeto por el derecho a la salud. Ya se ha perdido demasiado tiempo.
Que el nuevo IREN Sur sea una realidad urgente, viable y digna. No una promesa burocrática más.
Redacción Marisol Ciñane
