El ocaso de la fiscal de la nación
El 25 de junio de 2025, el poder judicial dispuso la suspensión temporal por 24 meses de Patricia Benavides Varga en su calidad de fiscal suprema titular y Fiscal de la Nación.
La decisión adoptada por el juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, respondió al requerimiento de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien la acuso de usar sus facultades para interferir en las pesquisas del mega proceso “Los cuellos blancos del puerto” y beneficiar a José Luis Castillo Alva como a sus allegados. Este suceso marcó un punto sin retorno en la cartera de quien fuera hasta hace poco la principal autoridad del Ministerio Público.
De Huancavelica a Lima, de acusadora a acusada
Liz Patricia Benavides Vargas ,nacida el 9 de febrero de 1969 en Huancavelica, se formó como abogada en la Universidad de Lima y obtuvo diversas especializaciones en España y Chile. Desde su ingreso al Ministerio Público en 2002, escaló hasta convertirse en fiscal suprema titular. En junio de 2022 asumió el cargo de Fiscal de la Nación, presentándose como la continuadora de la política anticorrupción de sus antecesores.
Durante sus primeros meses en el despacho, impulsó investigaciones de alto perfil y prometió reforzar el combate a redes criminales enquistadas dentro de su propia institución. Sin embargo, pronto surgieron las primeras señales de tensión con la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y con algunos fiscales supremos, en especial por la remoción que pareciera fue premeditada en abril de 2023, de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a su propia hermana, la jueza Enma Benavides, por presuntos sobornos de narcotraficantes.
Caso de nepotismo y abuso de poder
La investigación contra su hermana Enma Benavides desató la crisis interna en el Ministerio Público . A fines de abril de 2023, Patricia Benavides ordenó la destitución de Bersabeth Revilla bajo el argumento de “baja productividad”, a pesar de que los informes de la Oficina de Control de Productividad arrojaban valores superiores al 90 % en comparación a años previos. La verdadera razón detrás de su salida apuntaría a un conflicto de interés familiar, Revilla tenía a cargo una investigación clave contra Enma Benavides Vargas, hermana de Patricia.
La JNJ calificó la acción como una falta muy grave, concluyendo que el propósito real era obstaculizar las pesquisas y proteger a su hermana Enma Benavides. Este episodio erosionó su falta de credibilidad a los compromisos asumidos cuando fue designada como fiscal de la Nación y dio inicio a un proceso disciplinario que sentaría las bases de su destitución provisional.
Enma Benavides, ex jueza superior, enfrentaba una pesquisa por presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita. La investigación señalaba que, cuando integró el colegiado E de la Sala Penal Nacional entre 2012 y 2015, habría favorecido a procesados por narcotráfico a cambio de fuertes sumas de dinero. De 32 resoluciones emitidas en ese periodo por su sala, al menos 9 fueron firmadas por ella como directora de debates y terminaron absueltas, aunque muchas de ellas fueron anuladas posteriormente por la Corte Suprema por contener irregularidades. Uno de los casos más graves fue el del colombiano Roberto Gómez Herrera, alias «Huevo», liberado en 2015 y detenido nuevamente en Europa años después con otra carga de droga.
La salida de Revilla detuvo la acusación contra Enma. En su reemplazo, se nombró a la fiscal Azucena Solari, quien tampoco avanzó con el caso, hasta que finalmente fue sustituida por Uriel Terán, quien archivó la investigación. Esta sucesión de decisiones levantó sospechas dentro de la Junta Nacional de Justicia, que en 2024 abrió una investigación preliminar contra Enma Benavides, su hermana Patricia y otros involucrados.
La Procuraduría Antidrogas, a cargo de Sonia Medina, envió documentación detallada a la Junta, incluyendo casos donde se absolvió a personas detenidas con grandes cargamentos de cocaína. Las resoluciones firmadas por Benavides Vargas generaron una seria preocupación institucional, al punto que el 95 % de ellas fueron devueltas por la Corte Suprema para nuevos juicios.
Según el exasesor Jaime Villanueva, colaborador eficaz, Patricia Benavides habría intervenido directamente para proteger a su hermana. Incluso se habría coordinado con el abogado Eduardo Roy Gates para influir mediáticamente a favor de Enma. La defensa legal negó estas acusaciones, pero el caso ya estaba en manos de la Fiscalía Suprema.
Una piedra en el zapato que amenaza con enterrar definitivamente el retorno de Patricia Benavides al Ministerio Público.
Operación Valquiria V
La madrugada del 27 de noviembre de 2023, el noveno piso del Ministerio Público, en donde se ubicaba el despacho de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se convirtió en el centro de un allanamiento sin precedentes. La intervención, liderada por el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), reveló la existencia de una presunta organización criminal que, según la tesis fiscal, habría operado desde la cúspide misma del sistema de justicia.
Bajo el nombre de “Operación Valkiria V”, setenta agentes policiales de la Diviac y el grupo Orión de la Dirandro se desplegaron en seis distritos de Lima para detener a tres de los asesores más cercanos de Benavides, Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado. El epicentro del operativo fue el despacho del piso 9, lugar desde donde se habrían articulado coordinaciones ilícitas con miembros del Congreso de la República para influir en decisiones clave del Estado.
Los chats extraídos del celular de Jaime Villanueva, considerado el “operador político” de Benavides, mostraban que él se identificaba como “el único autorizado” para hablar en nombre de la fiscal. Desde ese rol, habría coordinado con legisladores para asegurar votaciones que respondieran a los intereses de su jefa como la elección del Defensor del Pueblo, la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
El intercambio no era gratuito. A cambio de los votos, se ofrecía protección, el archivo de investigaciones fiscales contra congresistas vinculados al caso “Los Niños”, una trama anterior que involucraba a legisladores oficialistas a cambio de beneficios políticos. En uno de los chats, Villanueva incluso compartió la resolución que archivaba la investigación contra estos congresistas, buscando respaldo para expulsar a Zoraida Ávalos del cargo.
Según la Fiscalía, la operación de esta presunta red se remontaba a meses atrás. Desde mayo de 2023, en plena elección del defensor del pueblo, Eficcop accedió a información clasificada que destapó conexiones entre el gerente del despacho de Benavides y congresistas investigados. El equipo, dirigido por la fiscal Marita Barreto, comenzó a recolectar pruebas, mientras una congresista quien fue convertida en agente especial, grababa conversaciones y entregaba chats que comprometían a Villanueva y, por extensión, a la propia fiscal.
Horas antes del allanamiento, Benavides se reunió en privado con su entorno más cercano. Casi a la par, Villanueva fue internado en una clínica por una descompensación, pero fue detenido horas después. La fiscal Patricia Benavides no solo negó conocer el operativo, sino que tomó dos decisiones polémicas, las cuales fueron la destitución de Villanueva y la remoción de Marita Barreto, jefa del equipo que lideraba la investigación en su contra.
Días más tarde, durante el allanamiento a la oficina de Abel Hurtado, se halló un fragmento de la resolución que cesaba a Barreto, en un tacho de basura. El mensaje era claro, los movimientos del equipo investigador eran vigilados de cerca desde el corazón del Ministerio Público.
La pugna entre la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial por la reposición de Patricia Benavides evidenció la complejidad institucional del caso. Según Jhon Mesías Romero, decano del colegio de abogados de Arequipa. “la señora Patricia Benavides se aferraba a una resolución de la Junta Nacional de Justicia que en su punto tres decía que ella tenía que ingresar nuevamente al carrero en el cual se le retiró en su momento de ser fiscal suprema de la nación. Eso, señores, desde mi punto de vista, y ahora entro a mi apreciación, no era legal porque quien elige a la fiscal suprema es la Junta de Fiscales Supremos.”
El vínculo con los Cuellos Blancos
El nombre de Patricia Benavides ya figuraba en las sombras del caso “Cuellos Blancos del Puerto” desde 2022, cuando la Junta Nacional de Justicia abrió diligencias preliminares por presuntas llamadas telefónicas con Antonio Camayo, uno de los principales implicados. Pero fue en abril de 2024, durante la “Operación Valkiria XI”, que surgieron nuevas evidencias de una supuesta red de favores que habrían beneficiado directamente a la exfiscal de la Nación.
Según el Ministerio Público, la empresaria Mirta Gonzales Yep y el abogado José Luis Castillo Alva, ambos vinculados al caso Cuellos Blancos, gestionaron reuniones con Benavides a través de su abogado Jefferson Moreno y del periodista Juan Carlos Tafur. A cambio de beneficios judiciales, ofrecieron pagos en efectivo y el acceso a un agente de la DIVIAC que alteró un informe clave donde se omitió siete llamadas entre Benavides y Camayo, según reveló la Fiscalía.
Los encuentros y pagos habrían tenido lugar en un departamento de San Isidro, donde la pareja entregó hasta 60 mil dólares en cuotas a los asesores de Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao. A cambio, se habrían removido fiscales incómodos y designado a otros más favorables al investigado Castillo Alva. Los depósitos en cuentas de Villanueva fueron registrados y detallados por colaboradores eficaces, reforzando la hipótesis de una organización criminal con influencia directa sobre el sistema fiscal y judicial.
El caso escaló aún más cuando se descubrió que Benavides habría presionado para designar a una fiscal afín al investigado y destituido a la fiscal Magaly Quiroz, quien indagaba los vínculos entre el capitán Jorge Rodríguez Menacho, autor del informe alterado y los Cuellos Blancos. Con estos hallazgos, el caso de Benavides dejó de ser una sospecha institucional para convertirse en un escándalo con indicios documentados de corrupción sistemática desde el más alto nivel del Ministerio Público.
Suspensión y destitución
El 7 de diciembre de 2023, la JNJ suspendió a Benavides por seis meses mientras investigaba posibles infracciones muy graves por abuso de poder y organización criminal.
En mayo de 2024, la JNJ emitió la resolución 051‑2025 por unanimidad, destituyéndola definitivamente por remover arbitrariamente a Bersabeth Revilla, ejercer coacción sobre empleados y liderar maniobras delictuales internas.
Benavides negó «categóricamente» liderar una organización criminal y calificó los hechos como una “venganza política”, afirmando que los chats fueron “manipulados”. Su abogado, Jorge del Castillo, los tildó de acusaciones “calumniosas”
Presentó recursos de amparo ante el Poder Judicial y apelaciones a la JNJ afirmando que no había carpeta fiscal abierta y que el procedimiento administrativo ya culminado. Sin embargo, fuentes judiciales calificaron como “inprocedentes” esos recursos, dada la solidez de la evidencia y el proceso disciplinario culminado.
En agosto de 2024, el Juzgado Supremo impuso un impedimento de salida del país por 18 meses (hasta febrero 2026) para asegurar su presencia durante la instrucción penal.
Al respecto, Romero puntualizó: “La señora Patricia Benavides le asiste el derecho de apelar. Esto ha sido emitido por el juzgado constitucional, ahora pasaría a la Sala penal, dado lo delicado que se trata ahora, es de definir quién es la Fiscal Suprema.”
El caso ya trasciende lo estrictamente judicial y revela tensiones de poder que podrían salpicar la próxima campaña electoral. En palabras del decano, “Esto no se ha convertido solamente en un caso judicial, es un caso político. Y eso es lo que esta audiencia debe tenerlo muy claro (…) El problema son estas dos señoras y que detrás de ellas aparentemente ya salieron políticos a respaldarla y eso no hace bien a la institución.”
Finalmente, el 25 de junio de 2025, el Poder Judicial ordenó su suspensión por 24 meses, hasta junio de 2027, para evitar que afecte las investigaciones en curso. El juez Segismundo León citó un “riesgo grave” de obstrucción a la justicia como principal argumento.
Redacción Marisol Ciñane
