Congreso insiste en que el Banco de la Nación comercialice oro, pese a advertencias técnicas
Contra el criterio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y sin sustento técnico sólido, la Comisión de Economía del Congreso insiste en convertir al Banco de la Nación en comprador y exportador de oro proveniente de la minería artesanal. Se trata del Proyecto de Ley 8491/2024-CR, impulsado por el congresista Ilich López (Acción Popular), que ampliaría las funciones del banco estatal más allá de su naturaleza financiera.
La iniciativa plantea modificar la Ley 16000, permitiendo que el Banco de la Nación no solo compre y venda minerales, sino que también exporte oro proveniente de la minería artesanal formalizada. Esto obligaría a la entidad estatal a asumir funciones altamente técnicas: verificar trazabilidad, calidad, infraestructura logística, comercialización y procesos de exportación, para los cuales no está preparada ni cuenta con el soporte operativo.
En un contundente informe, la SBS advirtió que este proyecto “desvía al Banco de la Nación de su objeto institucional” y compromete su sostenibilidad financiera. También alertó que esta modificación afectaría la libre competencia, generando un desequilibrio frente a operadores privados que ya desarrollan estas funciones bajo regulación y riesgo de mercado.
“El Estado solo debe intervenir empresarialmente cuando no exista oferta privada suficiente o haya un alto interés público claramente justificado”, recordó la entidad reguladora, subrayando que la minería de pequeña escala ya tiene alternativas privadas para comercializar oro.
Aunque los promotores del proyecto lo presentan como un apoyo a los pequeños mineros formalizados, el debate omite que la cadena de oro artesanal sigue siendo vulnerable a la informalidad, evasión tributaria y lavado de activos. Incorporar al Banco de la Nación en ese escenario, sin garantías técnicas ni sistemas de control adecuados, podría exponer recursos públicos a riesgos legales y financieros.
Expertos del sector financiero y gremios empresariales también han expresado su preocupación. Lo que inicialmente parece un gesto de apoyo a la formalización minera, podría terminar en un nuevo intento del Congreso por ampliar competencias estatales sin planificación, evaluación de impacto ni rendición de cuentas.
Redacción Pamela Amesquita
