Chala en tensión por minería ilegal, el oro que desata violencia
El 10 de julio de 2025, la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, región Arequipa, volvió a ser el epicentro de un conflicto social encendido por la minería informal. Esta vez, la protesta terminó en tragedia, enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú dejaron al menos un fallecido y más de una decena de heridos. La Panamericana Sur quedó bloqueada por varios días, afectando no solo la circulación vehicular sino también el abastecimiento de alimentos y combustible en el sur del país.
Aunque el rostro visible fue nuevamente el de miles de mineros artesanales exigiendo su formalización, detrás del reclamo hay un trasfondo complejo, explotación en concesiones privadas, vacíos legales, ausencia de diálogo, intereses económicos cruzados y una violencia que no cesa.
Una protesta que paralizó al país
La paralización de carreteras no fue un hecho aislado en Chala. En los días previos, cerca de dos mil mineros informales llegaron a Lima desde diversas regiones del país para exigir al Congreso la aprobación de la polémica Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala). Su aprobación les permitiría acceder a la formalización incluso si trabajan en terrenos concesionados a terceros, algo que actualmente es una barrera legal insalvable.
“Estamos pidiendo la Ley MAPE porque nos urge formalizarnos. Que los ministros se sienten con nosotros, que nos escuchen”, reclamaban los dirigentes. Uno de ellos, Máximo Franco Bécker, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), afirmó que “el 97 % de los mineros en proceso de desformalización trabajan en denuncios de terceros”, lo que hace imposible continuar con los trámites sin un contrato de explotación.
La trampa legal de la formalización
Desde 2002, el Estado peruano ha implementado múltiples programas para intentar formalizar la minería artesanal. En 2012 nació el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), que aún hoy funciona, pero con resultados limitados donde actualmente de 86 mil inscritos, solo 31 mil cumplieron los requisitos. Más de 50 mil quedaron fuera, y con ellos, sus expectativas de legalizar su actividad.
El mayor obstáculo es que no son dueños de los terrenos donde operan, ni tienen contratos con quienes sí los son. La Ley MAPE proponía una figura controvertida llamada servidumbre minera, que en la práctica permitiría explotar concesiones privadas sin el consentimiento del titular. También buscaba legalizar la minería en ríos, prohibida por el Tribunal Constitucional desde 2012 y brindar exención de responsabilidad penal, civil y administrativa a quienes ingresaran al nuevo registro.
Estas propuestas encendieron las alertas en el Ejecutivo y entre organizaciones ambientalistas, que calificaron el predictamen como una puerta abierta a la impunidad y al ecocidio.
Chala, la mecha encendida
Con el rechazo de la Ley MAPE en el Congreso el 10 de julio, la protesta escaló en violencia. En Chala, mineros bloquearon nuevamente la Panamericana Sur. La PNP intentó liberar la vía, lo que desató un enfrentamiento con piedras, gases lacrimógenos y violencia.
Durante la jornada, una persona perdió la vida, convirtiéndose en la primera víctima mortal del conflicto. La Fiscalía ya investiga los hechos.
El alcalde de Caylloma, Alfonso Mamani, pidió que el conflicto se resuelva de forma urgente: “No puede ser posible que en un país donde falta trabajo, le quiten el trabajo a un ciudadano y lo maten”.
Al mismo tiempo, en Lima, los enfrentamientos con la policía dejaron agentes heridos. Mientras los manifestantes lanzaban piedras y atacaban con palos, se reportaron varios efectivos lesionados. El caos se extendió a otras regiones del sur, como Moquegua, Ica y Puno, generando pérdidas económicas que, según estimaciones preliminares, superan los 150 millones de soles.
El rostro de la protesta y el dilema del Estado
Máximo Franco Bécker, como líder de Confemin, fue recibido por la Defensoría del Pueblo y congresistas. Por la noche del 11 de julio, también se reunió con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. Se anunció una tregua, hasta el último lunes 14 de julio.
Sin embargo, el Gobierno fue enfático: “Ahora están en la calle los mineros ilegales, solo ellos. No vamos a permitir que presionen al Congreso ni al Ejecutivo para derogar normas que permiten que la informalidad degenere en actos contra la ley”, afirmó un portavoz del Ejecutivo.
Un modelo que contamina y destruye
Más allá del debate legal, la minería informal sigue causando estragos ambientales. Como muestra el reportaje “Nuestro oro: sombras y brillo” de Punto Final, extensiones enteras de bosques han sido arrasadas y ríos contaminados con mercurio. Comunidades nativas han visto afectada su salud, sus cultivos y sus formas de vida.
“La minería artesanal es dinámica. Si se acaba el mineral en una concesión, se trasladan a otra. Por eso muchos no cumplen con los requisitos. No es que no quieran formalizarse, sino que el sistema no se adapta a su realidad”, indica el abogado especialista en temas mineros, Dr. Miguel Ángel Linares.
Entre el oro y el abismo
El conflicto en Chala no es solo por la minería, sino por décadas de exclusión, desconfianza y promesas incumplidas. La violencia es la consecuencia de un modelo fallido de formalización que no ha sabido diferenciar entre el pequeño productor y las mafias extractivas.
La muerte de un manifestante en Arequipa, las pérdidas económicas en el sur y la creciente presión política en Lima no son hechos aislados. Son el reflejo de un sistema colapsado, donde el oro brilla más que la justicia y donde la informalidad se ha institucionalizado como única vía de subsistencia para miles de peruanos.
El Estado tiene ahora una responsabilidad histórica: no ceder ante la presión de grupos ilegales, pero tampoco abandonar a quienes sí quieren trabajar dentro de la ley. De lo contrario, lo ocurrido en Chala será solo un capítulo más en una historia que lleva demasiado tiempo escrita con sangre, mercurio y olvido
Redacción Marisol Ciñane
